Diario Vasco

Madrid, 16 may (EFE).- La Fiscalía ha acotado los delitos de odio a aquellas conductas que puedan "generar un riesgo o peligro" en los derechos fundamentales de personas vulnerables, de forma que no se persigan opiniones sobre la actuación de personajes públicos o expresiones "pretendidamente hilarantes" y carentes de "la necesaria mesura".

"No se sancionan las meras ideas u opiniones, sino las manifestaciones de odio que denotan un desprecio hacia otro ser humano, por el simple hecho de ser diferente", señala el ministerio público en una circular firmada por la fiscal general, María José Segarra.

En esta instrucción, la Fiscalía ofrece las pautas de actuación en la investigación de unos delitos que han sido objeto de polémica en los últimos años con casos como el del humorista Dani Mateo por sonarse con una bandera, ya archivado.

Para que se de un delito de odio no bastará, dice la Fiscalía, con que la conducta "promueva o favorezca un clima" contra un colectivo por motivos racistas, ideológicos, de orientación o identidad sexual, género, etnia, enfermedad o discapacidad, entre otros.

Habrá que valorar además si existe "peligro o riesgo de que se puedan cometer actos" concretos de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra ello.

Es decir, atender al contexto en el que se ha producido la conducta y examinar si ésta alimenta "un clima favorable a la reproducción o se constituya en germen, remoto pero real, de nuevas acciones (...) que cuartean los pilares del Estado de Derecho".

La Fiscalía acude a la jurisprudencia al argumentar que se podría "excluir" de estos delitos aquellas opiniones sobre personajes públicos "por su actuación y sometidas a cuestionamiento ciudadano" así como "las manifestaciones pretendidamente hilarantes y las que se efectúan desde la venganza puntual, desprovistas de la necesaria mesura".

"No toda discriminación reúne las características específicas que la cualifican como expresiva de un delito de odio", señala la Fiscalía, para quien no se debe sancionar la creación del "grave sentimiento de inseguridad o temor" como consecuencia de unos comentarios, sino que la conducta sea "idónea" para generar ese sentimiento.

La circular, que admite la "heterogeneidad" y el "carácter expansivo" de estos delitos, diseminados por el Código Penal, recuerda que la libertad de expresión "no es un derecho absoluto" y el discurso de odio, que busca discriminar de forma "sectaria" a un colectivo, no está amparado en la misma.

En el plano de las redes sociales, que carecen "de control sobre su zigzagueante difusión", la Fiscalía recuerda que "no se trata de exigir que se pruebe que un número de personas haya leído efectivamente el mensaje, pero sí que un número indeterminado de personas haya tenido la posibilidad real de haber accedido" a él.

En todo caso debe analizarse la "propia conciencia" de que se está utilizando el medio "idóneo" para alcanzar una mayor difusión de expresiones "objetivamente humillantes" y "la reiteración" de la conducta: "No es asumible de forma acrítica la alegación de la reacción espontánea o incontrolable".

Según la circular, los fiscales deberán instar que la suspensión de la ejecución de las penas, en el caso de que proceda, quede condicionada a la participación en programas de igualdad de trato y no discriminación.

Precisa también que la inhabilitación para ejercer en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre no requiere que la conducta haya sido realizada dentro del mismo, pues la finalidad de esta pena es la protección de la infancia y la juventud.

Y añade que los fiscales podrán instar a la destrucción, borrado o inutilización de soportes, retirada de contenidos o el bloqueo de acceso a internet como medidas cautelares contra el investigado.