Diario Vasco

Madrid, 25 abr (EFE).- El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, propone crear un registro de condenados por maltrato a personas vulnerables para luchar contra el maltrato a mayores en residencias, que impediría que volvieran a trabajar con esos colectivos.

En una entrevista con EFE, el responsable del Observatorio de la Dependencia repasa algunas de las propuestas electorales en el ámbito de la discapacidad y califica de "disparatada" e "irreal" la planteada por el líder del PP, Pablo Casado, de resolver en 30 días las prestaciones para los dependientes.

El responsable del Observatorio de la Dependencia denuncia que cada día mueren 80 personas sin recibir las prestaciones y los servicios a los que tienen derecho, de una lista de espera que asciende a 253.946 dependientes -a 31 de marzo de 2019-.

Las comunidades autónomas tardan en prestar esos servicios a los dependientes -más de la mitad es mayor de 80 años- entre seis meses, las más rápidas, a varios años.

Es la voz de las personas dependientes ante el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, que reúne a expertos y profesionales del ámbito sanitario y de los servicios sociales, y allí ha explicado esta semana, en la última reunión antes de las elecciones, que hay que recuperar el recorte acumulado de más de 5.000 millones de euros desde 2012, tras los decretos del Gobierno del PP.

Expresa su preocupación por los casos de maltrato en residencias de mayores y defiende la creación de ese registro, similar al Registro de Delincuentes Sexuales que impide a esas personas trabajar con menores. Pero también cree que se debe mejorar la gestión de las quejas planteadas por los familiares.

PREGUNTA: ¿Qué balance hace de la aplicación de ley de Dependencia?

RESPUESTA: En 2018 ha avanzado, ha habido casi 100.000 personas más atendidas, pero avanza sobre todo en la atención de los dependientes moderados (Grado I) con prestaciones y servicios que tienen bajo coste. No se ha rebajado la lista de espera de los grandes dependientes y dependientes severos.

P: Gran parte de esos grandes dependientes son los que mueren sin recibir la asistencia reconocida por ley. Ustedes denuncian que fallecen 80 dependientes cada día esperando esas prestaciones o servicios.

R: Sí, la inmensa mayoría de las personas que fallecen están valorados como grandes dependientes y severos -cuatro de cada diez desatendidos- porque son los más vulnerables, y no hay que olvidar que el 55 % de los dependientes tienen más de 80 años.

A ello se une la desigualdad territorial en la aplicación de la ley, sobre todo en Cataluña y Canarias que tienen una terrible lista de espera.

P: ¿Cuánto costaría acabar con esa lista de espera?

R: Hemos calculado que tendría que aportar la Administración General del Estado 1.500 millones de euros nuevos, con eso se atendería a toda la lista, pero habría que ver qué otros derechos hay que recuperar de los recortes del PP de 2012.

P: Por ejemplo

R: Hay que recuperar el recorte del 15 por ciento de la prestación económica del cuidador familiar, la media estaba en 320 euros al mes y se bajó a 275 euros, y en eso está ahora.

También el decreto que redujo la ayuda a domicilio en un 30 % de intensidad; una persona gran dependiente tenía 90 horas de ayuda a domicilio al mes y ahora no puede tener más de 70, los dependientes severos tenían hasta 70 y ahora un máximo de 40, y los moderados hasta 40 horas y ahora menos de 20.

Esta recuperación generaría un coste, pero también empleo.

Otro cambio fue la obligación de escoger entre prestación de ayuda a domicilio y centro de día. Antes podías tener una hora de ayuda a domicilio para asear al abuelo y trasladarle al autobús que le llevara al centro de día; ahora debes elegir entre una cosa o la otra.

P: El líder del PP, Pablo Casado, se ha comprometido a resolver las peticiones de prestaciones por dependencia en 30 días.

R: Es imposible, tal y como está la ley de Dependencia y los procedimientos administrativos que se requieren, junto a la falta de dinero que se necesita para atender a los 253.000 dependientes que están en lista de espera, es absolutamente irreal.

Si a eso le añadimos que al PP le debemos los recortes inmisericordes de 2012, que han suman un acumulado de 5.406 millones de euros, y que es el único partido que no firmado el pacto de Estado por la Dependencia, entendemos que es una propuesta puramente electoralista y que no tiene ningún tipo de credibilidad.

P: El PP no aclara si esos 30 días serían para valorar a las personas dependientes o para atenderles ya.

R: La valoración de la dependencia está en el 93 por ciento de las solicitudes (excepto Canarias que solo tiene el 72 % resueltas). El problema no es la valoración, sino la prestación del servicio. Para qué quieres que te valoren en un mes, si luego tienes que esperar dos años en que te den el servicio.

P: ¿Cuánto tardan en prestar los servicios una vez que han valorado el nivel de dependencia?

R: Hay comunidades que lo hacen en seis meses, como Castilla y León, y otras como Canarias y Cataluña que tardan varios años.

En lugar de proponer lo del mes, estaría mejor que dijera que va a eliminar los recortes de 2012 y, dentro de ellos, el plazo suspensivo de dos años en la prestación económica del cuidador familiar para no pagar los atrasos.

La idea de Casado es una propuesta para aumentar el limbo de la dependencia, para pasar a más gente a las listas de espera; es disparatada la propuesta para resolver el tema, generaría un mayor limbo de la dependencia si solo se refiere a la valoración.

P: Unidas Podemos habla de extender la atención a 1,6 millones de beneficiarios y crear 400.000 empleos en el sector.

R: Es razonable, porque esa cifra de beneficiarios significa acabar con la lista de espera y lograr la plena atención del Sistema de la Dependencia; respecto a los empleos directos, no son 400.000 nuevos, sino que es la suma de los 260.000 que hay ahora más los 90.000 que se podrían crear atendiendo la lista de espera.

Esa propuesta es más creíble y además Podemos junto al PSOE, en el anteproyecto de presupuestos, incluyeron 515 millones de euros que hubieran permitido en el primer año atender a 70.000 dependientes y generar 20.000 puestos de trabajo.

P: Cada año las Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales ponen nota a los Servicios Sociales de cada comunidad autónoma y en ese examen muchas suspenden. En la próxima valoración del "Índice DEC", ¿cómo van a ir las notas?

R: Ha habido comunidades autónomas que con el cambio de gobierno en 2015 sus tendencias han cambiado, como Castilla-La Mancha, Aragón o Valencia, que eran descendentes y desde 2016 es ascendente, también es cierto que partían de notas muy deficientes y por mucho que avances no van a poder llegar al aprobado todavía.

Navarra, País Vasco, Castilla León y Asturias, entre otras, mantienen la tendencia en positivo; puntúan positivamente como en años anteriores.

P: Gran parte de la atención a los dependientes se ha hecho gracias al trabajo no remunerado de las mujeres, como hijas o madres. ¿Qué sueldo le deberíamos poner a esas mujeres o cómo se podrían compensar esas pensiones perdidas?

R: Habría que hacer un impacto de género de los recortes de las políticas sociales porque aunque las políticas sociales no son políticas de igualdad, las mejores políticas de igualdad son las políticas sociales. El 94 % de las cuidadoras son mujeres.

Además, hay que devolverles lo que se les quitó; ya se ha devuelto la cotización de la Seguridad Social, pero ese recorte del 15 % de la prestación del cuidador familiar debería ser la primera medida de los 100 días del próximo Gobierno, es de justicia.

No se puede tener a una mujer cuidando las 24 horas de los 365 días por menos de 300 euros a personas tan vulnerables como son los dependientes. Se deberían promover espacios de descanso para ellos, como centros residenciales para estancias temporales.

P: Recientemente hemos conocido casos de maltrato a mayores en residencias. ¿Qué fallan?, ¿los controles administrativos, la cualificación de los trabajadores ...?

R: Más de 350.000 personas en España viven en centros residenciales, donde trabajan personas que en la inmensa mayoría son sensibles y profesionales que cumplen con su obligación laboral y que deben valorarse por su trabajo excepcional.

Las direcciones de los centros, a través de la gestión de las quejas y con un protocolo de calidad, pueden usarlo como una vacuna para evitar estos temas.

Además, nosotros creemos que debería crearse, al igual que hay un registro de delitos sexuales que se les pide a las personas que trabajan con menores, un registro de personas condenadas por delitos relacionados con las personas vulnerables, para que sea obligatorio cuando se quiere trabajar con personas en situación de dependencia.