Diario Vasco

Buenos Aires, 16 abr (EFE).- Un juez argentino procesó este martes al que fuera ministro de Planificación Federal durante los mandatos kirchneristas (2003-2015), Julio De Vido, y a otros exfuncionarios, en una causa por irregularidades en contratos con la constructora brasileña Odebrecht, informaron fuentes judiciales.

El magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó también por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública al exsecretario de Obras Públicas José López, ya en prisión por otras causas, desde que en 2016 fue sorprendido guardando casi 9 millones de dólares en un convento de la provincia de Buenos Aires.

Además, el juez declaró la falta de mérito con respecto a, entre otros, el empresario Ángel Calcaterra, primo hermano del presidente del país, Mauricio Macri, al considerar que, en base a la prueba obtenida, no es factible "afirmar o descartar" que hubieran sido parte la presunta maniobra delictiva.

En el expediente se estudian supuestas irregularidades en el proceso licitatorio por el que se otorgó durante el kirchnerismo la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento de Buenos Aires a la UTE conformada por las firmas Odebrecht, Ghella, Comsa y IECSA, cuyo titular de esta era Calcaterra y llegó en marzo de 2017 a un acuerdo de venta con el empresario Marcelo Mindlin.

El juez busca además determinar si los integrantes de ese consorcio de empresas efectuaron pagos de sobornos a los funcionarios encargados de llevar adelante la licitación, para lograr su adjudicación y continuidad.

Martínez de Giorgi ya tomó el año pasado declaración a los imputados, entre los que se encuentran no solo exfuncionarios, sino también diversos empresarios locales y de la constructora brasileña que intervinieron de la obra.

De Vido, que también está encarcelado, ya estaba procesado por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en la adjudicación de contratos para la ampliación de dos gasoductos.

"A partir de las medidas de pruebas dispuestas, se lograron obtener distintas evidencias que permiten sostener que los funcionarios públicos de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (responsables del proceso licitatorio) dirigieron su accionar, en sus diferentes etapas, en miras de beneficiar a las firmas", expresa el juez en su dictamen.

Con respecto a la hipótesis de maniobras de cohecho activo y pasivo (entrega o recibo de sobornos), "por el momento, tales circunstancias, no han sido acreditadas".

"Corresponde aguardar a la incorporación del resultado de las distintas medidas que se encuentran en curso y profundizar la investigación en ese sentido", remarca Martínez de Giorgi.

El proyecto del tren Sarmiento está bajo la mira de la Justicia argentina desde que el diario La Nación difundiera información sobre presuntas transferencias que se produjeron menos de un mes después de que la obra se empezara a ejecutar.

De acuerdo con esa información, esos pagos podrían ser una operación para impulsar la obra mediante sobornos.

En junio de 2017, el juez ordenó allanamientos en las oficinas de Odebrecht en Argentina, pero también el registro de las empresas IECSA y Ghella, socias en el proyecto.

Los casos que implican en Argentina a Odebrecht son la concesión de un proyecto de ampliación de gasoductos (2006-2008) y la ampliación del ferrocarril Sarmiento, así como otro en el que se investigan contrataciones realizadas por la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) durante el período 2007-2015.

La firma admitió en diciembre de 2016 haber pagado en el país austral alrededor de 35 millones de dólares en concepto de sobornos.