Diario Vasco

Managua, 16 abr (EFE).- La Policía de Nicaragua rechazó este martes la más reciente convocatoria de los opositores para una protesta contra el presidente Daniel Ortega, prevista para mañana miércoles, a pocos días de que se cumpla el primer aniversario del estallido social en el que cientos de personas han perdido la vida.

La Policía nicaragüense rechazó la convocatoria con el argumento de que las personas solicitantes "estuvieron involucradas en las graves alteraciones al orden público ocurridas durante los últimos fines de semana, en centros comerciales de la ciudad de Managua, en los que resultaron personas heridas y afectadas las actividades de comercio y recreación".

La convocatoria había sido lanzada por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, así como por 50 personas naturales, también opositores, quienes han denunciado, con vídeos como prueba, de que sus protestas son pacíficas hasta que la Policía y paramilitares oficialistas han realizado ataques contra civiles, que incluyen armas de diversos tipos.

La Policía apeló a su ley creadora para rechazar la manifestación, pese a las críticas de expertos juristas y constitucionalistas, que indican que ninguna ley está por sobre la Constitución de Nicaragua, que garantiza la libertad de expresión sin necesidad de licencia.

Con su decisión, la Policía despreció el acuerdo entre el Ejecutivo y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, de que el Gobierno respetará la Constitución en lo referente la libertad de expresión y de prensa, firmado el 29 de marzo pasado, en el marco de las negociaciones para superar la crisis.

El rechazo policial se da dos días antes del primer aniversario del estallido social contra Ortega, ocurrido el 18 de abril de 2018, y a tres días de los ataques armados de las fuerzas combinadas del Gobierno, que han dejado cientos de muertos y desaparecidos, así como cientos de miles de personas en el exilio.

La crisis de Nicaragua ha dejado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos humanitarios locales señalan hasta 568. El Ejecutivo reconoce 199.

También se cuentan entre 779 y 809 "presos políticos", casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".

La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de "lesa humanidad".

La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.