Diario Vasco

México, 16 abr (EFE).- Un Tribunal Federal del estado mexicano de Quintana Roo ordenó la detención del exgobernador de Puebla Mario Marín y del empresario Kamel Nacif por presuntas torturas a la periodista Lydia Cacho en 2005.

María Elena Suárez, la titular del Primer Tribunal Unitario de Cancún, en el sureste de México, emitió el pasado día 11 la orden de captura de cuatro personas, las dos citadas y las del exjefe de la policía estatal Adolfo Karam y la de su director de mandamientos judiciales, Juan Sánchez, informaron hoy medios locales.

La orden de aprehensión forma parte de la causa penal 26/2018 en la que se acusa a Marín y Nacif del delito de tortura de Cacho.

La activista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif, según las fuentes.

El empresario era uno de los principales señalados en el libro dedicado a la investigación del suceso titulado "Los demonios del Edén", publicado por la periodista.

Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física, de acuerdo con la investigación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en 2007 que no se violaron "de forma grave" las garantías individuales de Cacho y, después de 13 años de buscar justicia, solo se ha sentenciado a un policía por tortura y siguen libres los perpetradores e instigadores de las violaciones de derechos humanos.

En 2018 el Comité de los Derechos Humanos de la ONU aprobó un dictamen que declaró al Estado mexicano responsable de varias violaciones de derechos humanos en contra de Lydia Cacho y otorgaba 180 días para implementar las medidas correspondientes.

Al inicio del año, el Gobierno de México, encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) pidió disculpas a la periodista al reconocer que se violaron sus derechos humanos cuando fue agredida en 2005 tras denunciar una red de pederastas ligada a empresarios y gobernantes.

Un hecho que quedó impune.