Diario Vasco

Ilya U. Topper

Estambul, 16 abr (EFECOM).- Todas las medidas impopulares para después de las elecciones. Es una actitud habitual de los políticos, y fue incluso la estrategia del Gobierno turco anunciada antes de los comicios municipales del pasado 31 de marzo: con una economía frágil y el paro creciendo, cualquier ajuste hacía perder votos.

Dos semanas después, todavía no se han tomado las medidas, en parte porque las elecciones aún no han terminado, indica a Efe el economista Emre Deliveli: la alcaldía de Estambul, ganada según los resultados preliminares por el partido socialdemócrata CHP, en la oposición, sigue pendiente de las impugnaciones.

El partido islamista AKP, que gobierna Turquía desde 2002, perdió por un margen de unos 23.000 votos, reducido a apenas 14.000 tras el recuento de los votos nulos, pero en lugar de conceder la derrota ha anunciado su intención de pedir una repetición de las elecciones.

"Si el AKP hubiera ganado Ankara y Estambul, ya habría implementado un paquete fiscal ortodoxo, pero mientras piensa en nuevas elecciones intentará incentivar la economía para contentar al votante, aunque no creo que funcione", analiza Deliveli.

El ministro de Economía, Berat Albayrak, yerno del presidente, Recep Tayyip Erdogan, anunció el jueves pasado un esbozo del paquete de reformas largamente esperado: una inyección de dinero a los bancos, el fin paulatino de exenciones fiscales y una reducción de los impuestos corporativos.

Cuando el ministro presentó el plan, el viernes pasado, ante una selecta audiencia en Washington, la lira turca reaccionó con una caída de casi el 2 %, intensificando la paulatina pérdida de valor registrada en el último mes.

El fin de semana se estabilizó en los 6,5 unidades por euro, el peor valor desde que octubre, cuando se recuperó del descalabro del verano pasado.

La nueva tendencia bajista se debe en parte a la desconfianza de los inversores tras una investigación en Turquía contra el banco JP Morgan por un informe que desaconsejaba invertir en liras.

Esto suscitó preguntas en los foros economistas turcos sobre la solidez de Estambul como centro bursátil internacional si los inversores deben autocensurar sus análisis.

Aunque la inflación se mantiene bajo control con un 19,7 % en marzo frente al 25 % de octubre pasado, la tasa de desempleo de enero, hecha pública el lunes pasado, ha alcanzado un 14,7 %, la cifra más alta desde 2009.

El dato refleja los efectos de medio plazo de la crisis de agosto pasado que, lejos de haberse superado, sigue forzando el cierre y el concurso de acreedores de numerosas empresas.

La caída de valor de la lira ha impulsado las exportaciones turcas, ahora más competitivas que antes, pero el efecto positivo es limitado, porque Turquía necesita importar gran parte de materias primas y piezas para los productos que vende fuera.

Los analistas turcos coinciden en que la única salida es un duro paquete de austeridad en la línea del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque ven probable que se adopte sin recurrir a la propia institución: Erdogan lleva años proclamando con orgullo que Turquía no necesita al FMI.

Pero no es probable que las medidas se apliquen antes de aclararse qué ocurre con la alcaldía de Estambul.

Ceder la metrópoli del Bósforo, que lleva 25 años bajo control del AKP y sus precursores, no solo sería un golpe simbólico: también significaría perder el acceso a un presupuesto municipal de unos 7.000 millones de euros, el 6% del presupuesto nacional.

Un dinero que, según denuncia el diario opositor Sözcü, se ha utilizado profusamente para financiar organizaciones sociales, educativas y caritativas cercanas al AKP.

Pero además, Estambul, ciudad de 16 millones de habitantes (el 20 % de la población turca) produce el 30 % del PIB de Turquía y es una plaza vital para las grandes constructoras y las empresas de infraestructuras, el sector que, gracias a los encargos públicos, lleva años dinamizando la economía del país.

Retener Estambul a toda costa es, así, una consigna del 'ala dura' del AKP, que en estos momentos lleva la voz cantante y exige a Erdogan presionar a la Comisión Electoral (YSK) para anular los resultados electorales, cree Deliveli.

Pero según el economista, Erdogan puede ser consciente de que los daños de una nueva cita electoral, tanto en lo que atañe la percepción pública del AKP como la economía, pueden ser mayores que los beneficios, porque "hasta los votantes del AKP saben que las elecciones eran limpias".

A esto se añade la tensión con Estados Unidos por la compra de un sistema antimisiles S-400 a Rusia, duramente criticado por Washington, que ha llegado a amenazar con sancionar a Turquía.