Diario Vasco

Alicante, 16 abr (EFE).- La Audiencia de Alicante ha condenado a penas que oscilan entre los nueve y los seis meses de prisión a los siete miembros de una red dedicaba a estafar a usuarios de telefonía a partir del envío de mensajes SMS fraudulentos, sujetos al pago de tarifas especiales.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe y dictada tras el acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y las defensas de los procesados en el momento del inicio del juicio, el pasado día 10, subraya que los siete procesados llegaron a obtener un beneficio ilícito de 2.935.711,94 euros entre enero de 2012 y julio de 2014.

Con todo, según la resolución judicial, en realidad el perjuicio global causado a las víctimas del engaño pudo superar los 4 millones de euros, pues "de los 1,2 euros más IVA que se factura a la víctima, su operador de telefonía detrae una media de 0,40 euros" por el servicio de canal de comunicación.

La sentencia considera probado que los ahora siete condenados organizaban el envío masivo de mensajes SMS "con la finalidad de obtener llamadas y mensajes de respuesta", lo que generaba la suscripción automática de servicios de pago vinculados a números de tarificación especial, sin que las víctimas fuesen informadas de ello y sin que existiese un límite de gasto.

Para propiciar esas respuestas, se remitían mensajes falsos en los que se hacía creer al receptor que, "a través de esos mensajes o llamadas, se les presta algún tipo de servicio (siempre inexistente)", como la posibilidad de mantener una entrevista de trabajo, indica el fallo.

En otros casos, se simulaba que se estaban poniendo en contacto "con amigos o conocidos o con personas reales interesadas de una u otra forma en ellos", con propuestas de contenido sexual, por ejemplo, añade.

Además, prosigue la sentencia, "se crea la apariencia ficticia de que al contestar se hace de forma gratuita o al menos con cargo a una tarifa ordinaria, cuando en realidad el gasto que supone el uso de esos rangos de numeración es elevado".

Según la Audiencia de Alicante, los siete procesados tenían una estructura jerárquica organizada por funciones en el que cada uno de ellos desempeñaba un papel específico.

Así, en la cúspide de la organización se encontraban dos hermanos, P.J.S.E. y A.S.E., a quienes se les considera ideólogos y directores de la trama.

A ellos se les identifica como responsables de un entramado de empresas operadoras, a las que se les asignaba las numeraciones SMS Premium; de otras firmas receptoras, que se usaban para desviar y "blanquear el capital producto del fraude recibido por las operadoras", y de una última mercantil beneficiaria final, en la que se aglutinaban "los beneficios percibidos de la estafa".

Ambos cabecillas tenían un abogado, D.R.M., que proporcionaba asesoramiento legal para eludir responsabilidades, y de dos informáticos, J.S.C. y J.G.G., encargados de los procesos tecnológicos.

También de dos jefas de las 'chateadoras', G.Ch.A. y A.M.L.G., que se dedicaban a organizar el trabajo de respuesta a los mensajes de las víctimas y a fomentar la conversación para aumentar el importe del fraude.