Diario Vasco

Buenos Aires, 16 abr (EFECOM).- Argentina acumuló en los primeros tres meses del año una inflación del 11,8 %, empujada por la devaluación del peso iniciada en 2018, y se mantiene como el principal caballo de batalla del Gobierno, en plena recesión económica y a solo seis meses de las elecciones presidenciales.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes del índice de precios de consumo (IPC) del pasado marzo, que volvió a acelerarse al registrar un avance del 4,7 % respecto a febrero y llegar al 54,7 % en términos interanuales.

El transporte y los alimentos fueron, con el 67,5 % y el 64 % de subida, respectivamente, los sectores más perjudicados en comparación con marzo de 2018, un periodo en el que han tenido también gran importancia los aumentos en las tarifas de los servicios públicos como electricidad, agua y gas que el Ejecutivo de Mauricio Macri viene impulsando desde 2016.

En 2018, la inflación acumulada fue del 47,6 %, la cifra más alta desde 1991, sensiblemente superior a la de 2017 (24,8 %).

Al tiempo que se conocían los datos de la inflación, el Senado celebraba una sesión especial para tratar diversos proyectos, en la que la oposición se mostró muy crítica con la política económica del oficialismo.

La legisladora Anabel Fernández Sagasti, de la oposición kirchnerista, aseguró que el Gobierno aplica un "ajuste fenomenal" habiendo ya "destruido el salario de todos los argentinos" y haciendo una "transferencia" como "nunca se ha visto a los sectores económicos privilegiados".

Sobre las polémicas subidas en las facturas de los servicios públicos, que el macrismo -muy crítico con la política energética del kirchnerismo- impulsó para normalizar el sector, la senadora Inés Blas pidió que se debata declarar la "emergencia tarifaria" en el servicio público de electricidad en todo el país.

Según reprochó, la política de Macri incrementó hasta febrero de 2109 el precio de la energía en un 1.800 %, "sin contar los aumentos ya dispuestos para los próximos meses, un 26 % a partir de febrero, 14 % a partir de marzo y 4 % a partir de mayo".

"Hoy el incremento del precio de la energía absorbe entre un 25 y 30 % el presupuesto de una familia tipo", sentenció, convencida de que los aumentos en las facturas arrasaron con los comercios, las pymes y las industrias.

Adelantándose a la publicación de los datos oficiales, el presidente argentino, Mauricio Macri, dijo el lunes que en marzo se registró un "pico" de inflación, pero auguró que a partir de este mes el país irá "avanzando paso a paso" hasta erradicarla.

También reiteró la necesidad de que Argentina tenga unos presupuestos generales "equilibrados" que permitan "dejar de vivir de prestado", ya que el Gobierno cree que el déficit fiscal que Argentina arrastra desde hace décadas es el culpable de los desequilibrios económicos y la falta de confianza inversora.

Fue a finales de abril del año pasado cuando la divisa nacional comenzó a caer ante el dólar, principalmente por la fuga de capitales desde los mercados emergentes a Estados Unidos, en un contexto de subidas en las tasas de interés en ese país.

Argentina, país que depende fuertemente del capital externo, sufrió en gran medida esa salida de inversores, y sumado a la sequía que afectó al campo entró en recesión y firmó un préstamo a tres años de 56.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), que supone desplegar fuertes ajustes fiscales.

Desde hace un año, el peso se ha devaluado más del 50 %, y por el impacto que esto ha tenido en productos que se consideran dolarizados, como la energía, ha influido en la aceleración de la inflación, que hasta el inicio de la crisis ya venía siendo uno de los mayores problemas del Gobierno de Macri.

En declaraciones a Efe, el economista Ricardo Progano reconoció que el primer trimestre cierra "muy mal", con una alta cifra, pero auguró que a partir de ahora "se estaría esperando un descenso muy paulatino del índice mensual" por factores que influirían en una desaceleración de las subidas de precios.

Entre estos, una eventual decisión del Gobierno de ralentizar las subidas de las tarifas de los servicios públicos y las subastas diarias de 60 millones de dólares -hasta alcanzar un total acumulado de 9.600 millones- que desde ayer realiza el Banco Central, para adjudicar dólares recibidos del FMI.