Diario Vasco

Lima, 16 abr (EFE).- El Juzgado de investigación especializado en delitos de corrupción de funcionarios que analiza el pedido de prisión preventiva contra el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, aplazó hasta el miércoles 17 la audiencia del caso a pedido tanto de la defensa como del Ministerio Público.

El juez Jorge Luis Chávez Tamariz tomó la decisión tras escuchar a las partes al inicio en la mañana de este marte de la audiencia programada para este caso.

Tanto el fiscal José Domingo Pérez como el abogado de Kuczynski, César Nakasaki, coincidieron en retrasar la audiencia para poder tener mas tiempo para analizar la documentación y preparar su caso.

En este sentido, ambos pidieron tiempo para estudiar la resolución tomada en la noche del lunes último por la Primera Sala Penal de Apelaciones, que rechazó la apelación presentada por la defensa de Kuczynski contra la detención preliminar a la que fue sometido el expresidente la semana pasada.

En esa resolución, el tribunal desestimó el pedido de Kuczynski pero aceptó liberar a su secretaria Gloria Kisic y su chófer, José Luis Bernaola, sobre quienes también pesa un pedido de prisión preventiva por parte de la Fiscalía.

Los tres están imputados por supuestamente haber lavado dinero de posible origen ilegal de la constructora brasileña Odebrecht a través de consultorías a nombre de Westfield Capital, la empresa de Kuczynski registrada en Estados Unidos, cuando este era ministro del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).

La Fiscalía sospecha que las consultorías, que ascendieron a 782.000 dólares entre 2004 y 2007, son supuestamente unos pagos con apariencia de legalidad para obtener los favores de Kuczynski en la adjudicación de grandes obras públicas cuyas licitaciones obtuvieron mediante sobornos.

Concretamente Kuczynski está investigado por las adjudicaciones del proyecto de irrigación Olmos y la carretera interoceánica del sur, por la que Toledo recibió supuestamente 20 millones de dólares en sobornos.

Los jueces argumentaron que la detención es una medida razonable ante la existencia de indicios que evidencian la presunta comisión del delito y la constatación de que Kuczynski no ha ayudado a ubicar a otra de las personas investigadas, lo que se ha considerado como un intento de perturbar la investigación.

La empresa brasileña pagó sobornos en una docena de países de Latinoamérica, y en Perú también estuvieron acompañados de donaciones irregulares a las campañas electorales de los principales candidatos, como presuntamente ocurrió con Keiko Fujimori, quien desde noviembre está en prisión preventiva.

La revelación de los vínculos Odebrecht con Kuczynski provocó en marzo de 2018 su salida del sillón presidencial ante la presión del fujimorismo, quien también denunció una presunta compra de votos de parlamentarios para intentar evitar su destitución.