Diario Vasco

Berlín, 16 abr (EFE).- El Tribunal Constitucional alemán abrió hoy la ronda de vistas previstas para analizar la demanda presentada contra la prohibición del suicidio asistido organizado, regulada por la ley aprobada por el Bundestag (Parlamento federal) hace tres años.

Los dos diputados que presentaron en ese momento el proyecto de ley, la socialdemócrata Kerstin Griese y el conservador Michael Brand, defendieron esa prohibición ante la Corte, con sede en Karlsruhe (oeste del país), frente a las alegaciones de los demandantes de su derogación.

Los parlamentarios alegan que autorizar el suicidio asistido organizado abriría la puerta a convertirlo en una "práctica usual" para los propios afectados, familiares o allegados.

Lal ley, aprobada en noviembre de 2015, está destinada a proteger a las personas en situaciones difíciles de la presión ejercida por las ofertas de suicidio asistido promovidas por distintas organizaciones.

Tales ofertas pueden precipitar al suicidio a personas que, en otras condiciones, no se decantarían por esa vía o que debidamente tratadas podrían superar la depresión, enfermedad o situación que les aqueja, según los diputados.

La prohibición, recordaron, afecta a organizaciones que tengan como actividad principal la asistencia al suicidio, pero no criminaliza a los médicos que ayuden a un paciente, en casos determinados.

La ley prevé penas de hasta tres años de cárcel a sus infractores, mientras que no incurre en delito el familiar o allegado que preste esa ayuda a la persona afectada.

Con ello se pretendía impedir una extensión de las ofertas a Alemania de organizaciones de ayuda al suicidio, como la suiza Dignitas o similares.

La demanda ante el Constitucional está respaldada por profesionales y organizaciones de ayuda al suicidio, así como médicos y expertos en cuidados paliativos.

Alegan que el término "suicidio asistido organizado" no debe entenderse como una actividad empresarial, sino como una ayuda profesional a personas afectadas o a sus familiares decididas a dar este difícil paso.

La ley del suicidio asistido fue aprobada por el Parlamento en noviembre de 2015 tras años de intenso debate y en una votación para la que no se observó la disciplina de voto, como suele hacerse en Alemania para normativas que implican dilemas morales o éticos.

Dos años después, el Tribunal Federal de lo Administrativo, con sede en Leipzig, determinó que no puede impedirse el acceso a una dosis letal de anestésicos a pacientes graves o en situación terminal que hayan expresado el deseo de suicidarse.

Con ello se respondió a la querella presentada por un hombre cuya esposa había quedado tetrapléjica tras sufrir un grave accidente y que deseaba morir, pero precisaba de ayuda para hacerlo.

Para las vistas orales ante el TC alemán se han previsto dos sesiones, mientras que la sentencia de la Corte se estima se demorará unos meses.