Diario Vasco

Madrid, 15 abr (EFE).- El centenar de acusaciones particulares personado en la causa que investiga la gestión de las antiguas cúpulas del Banco Popular apura el plazo habilitado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para agruparse, y simplificar así el desarrollo del procedimiento.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el juzgado central de Instrucción número 4 ya ha recibido las primeras alegaciones a la propuesta del magistrado, partidario de reducir el número de acusaciones de las actuales 103 a diez, al máximo, como se lo trasladó el pasado jueves.

Con su decisión, el juez buscaba "no dilatar más un procedimiento en el que participa un alto número de presuntos perjudicados", en su mayoría accionistas, cuya inversión en el Popular se redujo a cero con motivo de la resolución y posterior venta del banco al Santander el 7 de junio de 2017.

"Resulta evidente que la instrucción de la presente causa, con tal número de representaciones, está abocada a ser ingobernable, por lo que agrupar las representaciones y defensas evitará que se lesionen derechos y la tutela judicial", apuntaba Calama, que daba a todas ellas cinco días de plazo.

El artículo 109 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) prevé que, en los casos en los que "exista una pluralidad de víctimas, todas ellas podrán personarse independientemente con su propia representación".

Sin embargo, "cuando pueda verse afectado el buen orden del proceso o el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, el juez o tribunal, en resolución motivada y tras oír a todas las partes, podrá imponer que se agrupen en una o varias representaciones y que sean dirigidos por la misma o varias defensas, en razón de sus respectivos intereses".

Aunque de momento son contados, entre los escritos que obran en poder de la Audiencia Nacional se encuentra el del abogado Felipe Izquierdo, que además de ser "el primer querellante y el primer abogado", es afectado directo.

El letrado, que interpuso "la primera demanda civil contra el Popular" y obtuvo "la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, además favorable", remite a su trayectoria penal en temas económicos como Abengoa y Pescanova.

No obstante, muestra su "total conformidad" a agruparse con la representación encabezada hasta la fecha por Ester Fonfría, por ser semejante en cuanto a "conocimiento, objetivos y experiencia en casos semejantes", motivos por los que "debe liderar a los afectados minoristas".

Por su parte, la asociación de consumidores Adicae considera que tanto en términos cuantitativos -representan a 934 personas- como cualitativos -actualmente es parte en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia-, está legitimada para estar "necesariamente representada".

En su opinión, los problemas planteados por el juez residen en "la proverbial falta de medios" de la justicia española.

En tanto que desde Asufin se manifiestan en contra de cualquier unificación, ya que limitaría el derecho de defensa en aras de "simples" razones prácticas, sin que se apoye en un criterio legal válido.

Iniciada en octubre de 2017 después de que el entonces juez titular de la instrucción, Fernando Andreu, admitiese a trámite varias querellas, la causa se dirige contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus Consejos de Administración, la firma PwC y su socio auditor.

Una vez expirado el plazo, Calama analizará los escritos antes de comunicar su decisión final, que llegará poco después de que el informe de los peritos judiciales cedidos por el Banco de España reavivara la causa.