Diario Vasco

Lima, 14 ene (EFE).- La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento peruano aprobó este lunes cuatro de las seis denuncias por presunta corrupción presentadas contra el exfiscal general y actual fiscal supremo Pedro Chávarry.

Chávarry, quien renunció el 8 de enero pasado, es cuestionado por sus presuntos nexos con una red de corrupción al interior de la Judicatura peruana, así como también por presuntamente querer obstruir la labor de la Fiscalía en la investigación que se le sigue a la líder opositora Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos.

Precisamente, las denuncias elevadas a la Subcomisión del Congreso, institución que puede removerlo del Ministerio Público, responde a todos estos señalamientos, agravados tras la difusión de imágenes en las que se aprecia al exfiscal general participar en el ingreso irregular a la oficina de un asesor suyo, previamente sellada, para sustraer documentos.

Entre las cuatro denuncias aprobadas este lunes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se encuentra la denuncia por presunto encubrimiento personal y real, presentada por el congresista Gino Costa, de la bancada Liberal.

También la denuncia por la remoción de los fiscales del equipo Lava Jato en Perú, Rafael Vela y José Domingo Pérez, presentada por la congresista del partido izquierdista Nuevo Perú, Marissa Glave, en perjuicio de las investigaciones que se siguen en el caso Odebrecht en Perú.

Aunque Chávarry repuso a los fiscales en sus cargos, por la presión política y social, las denuncias en su contra siguieron en firme.

La subcomisión dio el visto bueno también a la denuncia contra Chávarry por los delitos contra la administración pública, organización criminal y encubrimiento real, presentada por la congresista del partido conservador Alianza para el Progreso (APP), Gloria Montenegro.

La acusación fue admitida por unanimidad en los delitos de administración pública, organización criminal y encubrimiento real, pero declarada improcedente, en parte, por haber sido vista previamente en una acusación que fue archivada.

Una denuncia similar por los delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y contra la tranquilidad pública, presentada por el procurador Anticorrupción, Amado Enco, quedó irresuelta debido a que hubo más abstenciones que votos a favor (cinco frente a cuatro).

Esta deberá ser sometida a una nueva votación en otra sesión de la subcomisión que se realizará entre el miércoles o jueves próximo.

La única acusación archivada en esta sesión fue la de una presunta adulteración de notas y posible plagio de tesis, presentada por Gino Costa, por considerar que "fue un tema ya tratado".

El congresista del Partido Aprista Peruano Javier Velásquez Quesquén insistió en que esa denuncia constituye un delito penal, mas no constitucional.

El parlamentario fujimorista César Segura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señaló a los periodistas que el siguiente paso será llamar a una Comisión Permanente en el plazo de dos días.

Chávarry, cuya renuncia fue exigida por la mayor parte de la ciudadanía y por el propio presidente peruano, Martín Vizcarra, tiene desde el sábado una medida cautelar de impedimento de salida del país por nueve meses, por presuntamente haber acompañado en la sustracción irregular de documentos de una oficina lacrada, realizada solo tres días antes de su renuncia.

No obstante, Chávarry negó que hubiera tenido algún tipo de participación y dijo a la prensa que fue una "coincidencia" que se encontrara con su asesora Rosa Venegas, autora de la sustracción de documentos, en el mismo lugar de los hechos.

El domingo último, el diario El Comercio sumó nuevas imágenes que dan cuenta de que el exfiscal general no sólo estuvo en el piso 9 del Ministerio Público cuando se vulneró la oficina lacrada de su asesor, sino que también se retiró del lugar con Venegas, quien aparece en el informe policial como una de las personas que sacó las cajas con documentación.