Diario Vasco

Jerusalén, 14 ene (EFE).- El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, envió una queja formal a la aerolínea latinoamericana Latam por un reciente incidente en el que no reconoció la nacionalidad palestina de una pasajera, según una carta a la que tuvo acceso hoy Efe.

La misiva, enviada a la compañía la semana pasada, según confirmaron a Efe fuentes de la OLP, reprocha que la aerolínea rechazara el billete que la palestina Dana Farraj compró en diciembre a través de la pagina web Kiwi, para viajar entre las ciudades colombianas Bucaramanga a Bogotá, por no reconocer Palestina como Estado.

Latam pidió disculpas por el incidente y lo calificó como "una desafortunada confusión", sin embargo, para la OLP, la declaración que la compañía dio en un principio es "inaceptable y profundamente intolerable".

"No solo Palestina ha sido reconocida por 139 países, incluidos todos los sudamericanos, su base de operaciones (Chile) es la casa de más de un millón de ciudadanos con origen palestino", declara Erekat en el texto.

La compañía aérea alegó que el error se produjo porque su sistema no había sido actualizado y no incluía Palestina como Estado, explicación que para la OLP es "difícil de creer".

"Latam tuvo siete años para finalizar la 'actualización' desde que el Estado de Palestina fuera reconocido por Nacionales Unidas el 29 de noviembre de 2012, a través de la resolución de la AGNU (Asamblea General de las Naciones Unidas) 67/19", reprocha el texto.

Erekat critica la promoción que la compañía Latam hace sobre la recién inaugurada ruta Santiago/Sao Paulo y la ciudad israelí de Tel Aviv, en la que asegura que incluye imágenes de "territorio palestino ocupado", como la Ciudad Vieja de Jerusalén.

"Israel ha usado el turismo como una herramienta para normalizar su ocupación ilegal y la ocupación de Palestina. Por tanto, reclamamos a su compañía que no lleve a cabo ningún paso que contribuya al objetivo de Israel de perpetuar su ocupación", sostiene la carta.

La OLP considera en la misiva que "las compañías privadas tienen responsabilidad de no implicarse en actos de discriminación que violen la ley internacional".