Diario Vasco

México, 14 ene (EFE).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México instó hoy a las autoridades a poner atención en los desplazamientos forzados de más de 5.000 indígenas en municipios del estado de Chiapas, sur del país.

Mediante una recomendación formal la CNDH solicitó al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, que "se diseñe e implemente un programa de reparación colectiva a las víctimas directas e indirectas de quienes perdieron la vida durante el desplazamiento forzado y se les brinde atención médica y psicológica".

Un total de 5.266 indígenas originarios de comunidades del municipio de Chalchihuitán, Chiapas, se vieron obligados a salir de sus domicilios a partir de octubre de 2017 por la violencia desatada a raíz del conflicto agrario que enfrenta desde hace 40 años a su población con el municipio vecino de Chenalhó.

Pese a que ya se ha dado el regreso de unas 3.800 personas, en campamentos de desplazados todavía quedan, viviendo en condiciones precarias, pobladores desplazados que afirman que en su comunidad continúan el acoso y los ataques de grupos armados.

La CNDH pidió entonces que se implementaran medidas cautelares inmediatas para salvaguardar la vida y los derechos humanos de estas personas, pero las autoridades federales, estatales y municipales no cumplieron con esta solicitud.

Además de insistir en el cumplimiento de las peticiones anteriores, la CNDH pidió hoy atención a las víctimas directas e indirectas de este desplazamiento y a quienes sufrieron daños en sus propiedades.

También se solicitó a las autoridades que se compruebe el número exacto de personas que salieron de su domicilio y se evalúe su situación, además de proporcionarles a los indígenas información acerca de sus derechos y asistencia de todo tipo que garantice su correcto desarrollo.

A la fiscalía mexicana la CNDH pidió que se continúe "con la integración y perfeccionamiento de las respectivas carpetas de investigación, instrumentando medidas eficaces para esclarecer los hechos y, en su caso, lograr la identificación y detención de los probables responsables".

Por último, la organización requirió que cada instancia implicada nombre un "servidor público de alto nivel" como enlace con la CNDH para así dar seguimiento a las recomendaciones mencionadas.