Diario Vasco

Barcelona, 14 ene (EFE).- El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras asegura que la única violencia en el "procés" la pusieron la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O y alega que la declaración de independencia fue una "expresión" de "voluntad política" para generar un escenario de "negociación multilateral".

Así lo sostiene Junqueras en el escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso Efe, que interpondrá junto al exconseller Raül Romeva, ambos de ERC, de cara al juicio a la cúpula del "procés" que se iniciará en las próximas semanas en el Tribunal Supremo, en el que piden su absolución al defender que no cometieron rebelión -ya que la violencia es una "invención"-, ni sedición ni malversación.

En el escrito, el abogado Andreu Van Den Eynde reconoce que el referéndum del 1-O fue la "única decisión de ejecución unilateral" que llevaron a cabo Junqueras y Romeva desde el Govern, aunque precisa que ello no supone ningún delito porque votar no lo es y porque tampoco incurrieron en gasto público.

Sobre la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), que el expresidente Carles Puigdemont dejó en suspenso el 10 de octubre y que el Parlament aprobó el 27 de octubre, Junqueras y Romeva alegan que fue una "expresión más de la voluntad política, sustentada en una actuación pacífica, democrática, legítima y parlamentaria, de generar un escenario de negociación multilateral ineludible" entre Cataluña, España y la Unión Europea.

En las 115 páginas del escrito, el abogado insiste que Junqueras, que afronta una petición fiscal de 25 años de cárcel, y Romeva, para el que se piden 16, han apostado siempre de forma "obstinada" por la negociación política, que no ven una "quimera", pese a la "reiterada negativa y evidente bloqueo" por parte del Gobierno a discutir sobre la fórmula de superar "el conflicto político existente".

Además, destaca que, tras la aplicación el 27 de octubre de 2017 del artículo 155 de la Constitución, que suponía la "enésima negativa al diálogo" por parte del Gobierno, asumieron el "reto electoral impuesto" y decidieron "no desplegar efecto alguno" de la DUI y persistir en la búsqueda de espacios de negociación política.

Junto con la búsqueda de la negociación política, el otro principal hilo conductor del escrito de defensa de ambos dirigentes de ERC es que su trayectoria ha sido siempre pacífica, al igual que la del movimiento independentista, hasta el punto de sostener que la única violencia la pusieron las fuerzas de seguridad del Estado.

En este sentido, el escrito resalta que la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O fue "desproporcionada", ya que intervinieron "con violencia innecesaria", entrando en recintos en los que no tenían autorización, como escuelas privadas, "cargando y golpeando a personas indefensas", en presencia de "menores y ancianos", "arrastrándolas de los pelos, lanzándoles patadas o puñetazos e insultándolas".

Según el escrito, la actuación policial buscaba "atemorizar a los votantes" o "darles escarmiento" e incluso sugiere que "no puede descartarse" que las "aparentemente irracionales decisiones" de los mandos policiales "fueran ingredientes para la confirmación de una hipótesis prefijada y buscada: la de la supuesta confrontación que alimentara la extraña teoría de sublevación popular".

La defensa sostiene que las cargas policiales del 1-O supusieron un "escándalo internacional" y una "injustificada e ilegal actuación vulneradora de derechos fundamentales y un ataque a la dignidad de la ciudadanía catalana que hipotecó aún más la gestión política del debate territorial".

Frente a ello, subraya que "sólo" se produjo "alguna actuación de resistencia activa, anecdótica" por parte de algún votante, si bien fue en todo caso "ajena a ese digno ejercicio colectivo de expresión política que fue el 1-O".

A diferencia de los Mossos d'Esquadra, resalta el escrito, el coordinador del dispositivo policial, el coronel Diego Pérez de los Cobos, "no leyó o no quiso leer la resolución judicial que obligaba a preservar la convivencia" en la jornada del 1-O.

De hecho, ni Junqueras ni Romeva "llegaron a prever la magnitud de la violencia que el 1-O ejercieron" la Policía Nacional y la Guardia Civil bajo las órdenes de Pérez de los Cobos, por la que hay varios mandos y agentes investigados en un juzgado de Barcelona.

"Cualquier responsable político o policial sabía perfectamente que no existía fórmula alguna para impedir la votación", resalta el escrito, que apunta que el 1-O supuso un "punto de no retorno".

Según el escrito, ni antes del cerco a la comitiva judicial que registró la consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017 ni después se actuó bajo el convencimiento ni asumiendo la posibilidad de que la votación del 1-O podría constituir un delito "ni generar un estallido violento de la población", ya que era "absurdo" y contrario a la ideología y acción del movimiento independentista.

Sobre la concentración ante la consellería de Economía el 20 de septiembre, la ciñe a una "protesta legal" en la que no se impidió ni se quiso impedir la actuación de la comitiva judicial.

Por contrario, subraya que hubo una "curiosa dejación" por parte de la Guardia Civil, que dejó coches con armas largas en medio de la calzada.

Además, denuncian que la secretaria del juzgado de instrucción número 13, que tuvo que salir por la azotea, expuso una versión "sesgada" que podría estar vinculada con su "adscripción ideológica" y que ha servido de "perfecta excusa" para construir un "relato apocalíptico" de lo ocurrido.