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Madrid, 14 ene (EFE).- El gasto social presupuestado para 2019 ascenderá a 209.510 millones de euros y representa el 57,3 % del total, y supone un incremento de 12.599 millones respecto a 2018.

Según consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019 que hoy presenta en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el gasto en Dependencia incluye la recuperación del convenio especial para cuidadoras no profesionales y el abono por parte del Estado de las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que beneficiará a 180.000 personas.

El incremento en el gasto social es el mayor crecimiento desde 2009, según afirma Hacienda, que en el resumen ejecutivo del libro amarillo destaca iniciativas como la subida del 1,6 % de las pensiones generales, y del 3 % de las mínimas y no contributivas, así como la supresión del copago farmacéutico para los pensionistas con bajo nivel de renta.

En el ámbito de la dependencia se eleva el gasto un 59,3 % y se sitúa en 2.232 millones de euros, al tiempo que se mejoran las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado, de manera que se incrementan los recursos del programa de Autonomía Persona y Atención a la Dependencia en 831 millones de euros.

El aumento del gasto en dependencia beneficiará a 270.000 personas.

El Estado volverá a financiar las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales de las personas en situación en dependencia, lo que supone 315 millones de euros.

Además de que las transferencias destinadas a ayudas a las familias aumentarán en 321 millones de euros.

En cuanto a la supresión del copago farmacéutico para los pensionistas que cobren menos de 11.200 millones de euros al año y para perceptores de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo, el impacto será de 300 millones de euros.

Esta medida beneficiará a más de 6,8 millones de personas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado durante que el coste de eliminar este copago farmacéutico pretende resolver un "problema sanitario" ya que personas de baja renta renuncian a retirar sus medicinas, lo que agrava las enfermedades y encarece los tratamientos.

De la misma manera, ha señalado que no se ha recogido el impacto de la universalización de la Sanidad porque Hacienda entiende que va a reducir los costes, porque la atención de urgencias se produce cuando la enfermedad se ha visto agravada y es más cara.

En materia de Educación, se incrementa en 150 millones de euros la partida destinada a becas y se destinan otros 50 millones para material escolar gratuito en las etapas obligatorias.

Asimismo, se inicia el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital y se elevan las ayudas para comedor para familias en riesgo de exclusión social en 25 millones de euros.

Montero también se ha referido a la ampliación de la base reguladora en la pensión de viudedad de hasta el 60 % y que beneficiará a medio millón de mujeres.