Diario Vasco

Lima, 13 ene (EFE).- La licitación y ejecución del tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima ocasionó al Estado un perjuicio de al menos 20.665.644 dólares, según las primeras conclusiones de un informe de auditoría de la Contraloría General de Perú.

Según publicó hoy el diario El Comercio, este informe comprende una investigación de todas las etapas del segundo tramo que recorre 12,4 kilómetros de Lima, y que inició días antes del fin del segundo gobierno del exmandatario Alan García (2006-2011), cuando el Consorcio Tren Eléctrico, formado por Odebrecht y la peruana Graña y Montero, firmó un contrato como ganador de la licitación.

Precisamente García es actualmente investigado por el Ministerio Público en el marco del caso Odebrecht en Perú, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión agravada, y tiene una orden de impedimento de salida del país por 18 meses.

El Consorcio Tren Eléctrico firmó un contrato como ganador de la licitación para elaborar el expediente técnico final y construir el tramo 2, que conectaría el Centro de Lima con el populoso distrito de San Juan de Lurigancho.

El informe de la Contraloría señala que este resultó "favorecido (pese a que) incumplió con lo estipulado en las bases. No presentó análisis de gastos generales, transgredió el derecho de vías" y "no cumplió con las exploraciones a la profundidad mínima exigible".

Motivo por el cual el Consorcio pudo cambiar la solución técnica, modificar el trazo inicial propuesto, y gracias a ello incrementar el monto de obra de 583.480.359 dólares a 900.610.616 dólares, y que fue liquidado en 885.154.813 dólares.

Entre los 14 funcionarios responsables, según la Contraloría, se cuentan a Oswaldo Plasencia, ex director de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), quien además fue asesor del despacho presidencial de García y del despacho del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo.

Según la investigación, las irregularidades de la obra se dieron desde la etapa previa del proyecto, cuando en septiembre de 2010 se firmó un contrato para elaborar el expediente técnico preliminar, base de la licitación, y que tenía previsto se ejecutara en apenas 30 días "pese a la complejidad"; y que aunque fue "deficiente", se le pagó 294.383 dólares a la empresa Dessau International.

El contrato pudo ser firmado luego de que en mayo de 2010, el proyecto del metro de Lima fuera exceptuado de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), gracias a un decreto del 2010 firmado por García y sus entonces ministros Mercedes Araoz (Economía) y Cornejo, donde se señala que "la realización de los estudio de preinversión demoraría un tiempo estimado de 3 a 4 años".

La Contraloría también encontró que el comité especial que determinaría al ganador de la licitación elaboró las bases con "inconsistencias" y que ocasionó que se "limite la libre competencia".

En el caso de la supervisión de la construcción, el ente de control también halló que, debido a los cambios en la etapa de ejecución del proyecto, la empresa Cesel, encargada de la supervisión, solicitó que se ampliara su servicio en 235 días con un presupuesto adicional de 5.650.436 dólares, del presupuesto inicial de 26.778.769 dólares.

Durante la ejecución de la obra, que se desarrolló durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), también se hallaron irregularidades como "pagos por concepto de adelanto directo por 116.696.071 dólares", pedido que fue aprobado pese a que superaba la suma máxima de pago.

García calificó hoy en su cuenta de Twitter de "absurdo" la publicación del citado diario y señaló que "intentan" relacionarlo con "una obra posterior" a su gobierno.

En tanto que la actual vicepresidenta Mercedes Araoz señaló sobre la ley de exoneración del SNIP del proyecto, que se "tomó una decisión política y legal", porque la realización de la obra fue una "promesa presidencial".