Diario Vasco

Madrid, 13 ene (EFE).- Los Presupuestos Generales del Estado de 2019 llegan mañana lunes al Congreso de los Diputados para iniciar su trámite, que será clave en la legislatura de Pedro Sánchez, ya que si no prosperan cobraría fuerza la idea de un adelanto electoral.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entregará el proyecto de Ley de Presupuestos a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a las 10.00 horas para explicar posteriormente unas cuentas que prevén una recaudación tributaria récord de 227.356 millones de euros, un 9,5 % por encima de la cifra lograda en 2018 de acuerdo al avance de liquidación.

Montero se afanará por defender unas cuentas que destinan el 57,31 % del total del Presupuesto consolidado a gasto social y en las que de cada 100 euros, 42,1 se dirigen a pensiones.

Unos Presupuestos -tal como reitera la ministra- "para poner a las personas en el centro de la actuación", con medidas "que protegen a las rentas medias y bajas" y con un aumento del gasto en servicios públicos básicos que ascenderá 20.962 millones de euros.

También en Educación y Sanidad, cuyo gasto llegará a los 7.014 millones de euros conjuntamente, sin olvidar partidas como los subsidios por incapacidad temporal, riesgo de embarazo, maternidad y paternidad que se llevarán un total de 14.393 millones.

Todo ello bajo el compromiso de alcanzar una meta de déficit público del 1,3 % del PIB este año.

"Hay que recuperar la fortaleza de la clase media, con empleos y con salarios dignos", afirma Montero en un discurso político con guiños a Cataluña y con el que intenta acercar a los partidos políticos que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Y es que, aunque Unidos Podemos y el PNV están cerca de apoyar estas cuentas en su votación en el Pleno del Congreso, previsiblemente a mediados de marzo, el Gobierno todavía no tiene garantizados los apoyos de los independentistas catalanes.

En ERC, el grupo parlamentario dirigido por Joan Tardá insiste en que el Gobierno debe mover ficha, hacer algún gesto tanto desde el punto de vista jurídico, frente a la Fiscalía, como con una propuesta política que contemple a independentistas y no independentistas.

El vicepresidente del gobierno catalán y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, ha avisado ya de que el voto de su formación en la tramitación de los Presupuestos no depende solo de las inversiones prometidas a Cataluña.

Una opinión compartida por el PDeCAT, que además sigue exigiendo el reconocimiento del derecho a la autodeterminación para poder apoyar estas cuentas.

Los Presupuestos pasarán por tres momentos importantes durante su tramitación: el debate de enmiendas a la totalidad (la semana del 11 de febrero), el debate de enmiendas parciales en la Comisión de Presupuestos (a principios de marzo) y la votación final del dictamen en el Pleno del Congreso (mediados o finales de marzo).

En la primera batalla el Gobierno debe garantizarse que ERC y PDeCAT no presenten enmiendas a la totalidad o no apoyen las que registren PP y Ciudadanos, entre otros partidos.

Superado este trámite, el Ejecutivo también tiene que satisfacer las demandas del pacto presupuestario firmado con Podemos, como por ejemplo permitiendo que los ayuntamientos limiten los precios de los alquileres en determinadas zonas o con una reforma del mercado eléctrico.

El segundo asalto se escenificará en la Comisión de Presupuestos, donde el Ejecutivo negociará previsiblemente partidas presupuestarias que favorezcan sobre todo a los partidos que permitieron el éxito de la moción de censura (PNV, ERC, PDeCAT, Compromís y Nueva Canarias).

El tercer momento crítico será la votación final en el pleno del Congreso donde se requiere un ambiente general sin tensiones y sin elementos externos que lo puedan enturbiar.

Una vez pasado el trámite del Congreso los Presupuestos llegarán al Senado en abril, donde no superarán el debate de vetos, ya que el PP tiene mayoría y rechazará las cuentas, con lo que serán devueltas al Congreso, que en este caso sí tiene capacidad para levantar este veto de la Cámara Alta.