Diario Vasco

Sara Muñoz

Madrid, 13 ene (EFECOM).- Parapetado tras el escudo del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el propio Gobierno (o Gobiernos, en plural), el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha defendido esta semana su gestión en la entidad en un tono combativo con el que ha plantado batalla a la Fiscalía.

"¿Me está diciendo que el Banco de España creía una cosa y me decía otra? ¿Me está diciendo eso?", "No sé quién le está aconsejando a usted" o "¡No perdamos más tiempo!", han sido las frases de un interrogatorio, aplazado al menos dos semanas por temas de salud de su contrincante, la fiscal Carmen Launa, en el que Rato dijo que la salida a Bolsa era la "única opción" para evitar la nacionalización.

Según explicó Rato a la sala, la misma que le condenó a cuatro años y medio de prisión por las tarjetas "black", la decisión de sacar Bankia al parqué fue "una estrategia del Congreso", impulsada por el Gobierno de Zapatero, que aumentó las exigencias de capital.

Decisión que achacó al nerviosismo del Ejecutivo por el contagio que podrían tener las crisis griega e irlandesa, y que fue ejecutada en sólo cinco meses dada la premura de un Banco de España dispuesto a intervenir si la operación no se realizaba antes de septiembre.

En su declaración, la consigna de Rato ha sido clara: se limitó a cumplir con los requisitos de las más altas instituciones, que no sólo idearon sino que avalaron todos los aspectos de la salida a Bolsa, incluido el cuestionado folleto informativo diseñado, según él, obedeciendo las condiciones de la CNMV.

Ello hace planear, de nuevo, sospechas sobre las excúpulas de los organismos -que figuraron como investigadas en el tramo final de la causa-, en especial sobre el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien habría dado como "instrucción" integrar en el nuevo grupo a Bancaja, cuya viabilidad ha sido puesta en tela de juicio por la Fiscalía.

Pero también del que fuera su director de Supervisor, Jerónimo Martínez Tello, que avaló personalmente que la operación saliera adelante con un fuerte descuento.

Estimada en un 74 %, la rebaja en el precio de salida de Bankia ha sido otro motivo de choque con la fiscal Carmen Launa, que con su insistencia consiguió que Rato afeara que otro de los acusados, el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, trasladara su preocupación sobre el descuento a los bancos colocadores y no a la propia entidad, ni al FROB ni al Banco de España.

En este fuego dialéctico, tampoco han faltado alusiones a la exvicepresidenta económica del Gobierno socialista Elena Salgado, ni a viejos compañeros de bancada como el expresidente del Ejecutivo Mariano Rajoy, quien le "echó" de Bankia en mayo de 2012 en lo que calificó de una "intervención absolutamente política".

Al margen del exministro, que se enfrenta a penas de entre doce y cinco años de prisión, también ha sido significativa la resolución de las cuestiones previas, algunas de las cuales han dejado un particular regusto amargo en las defensas.

En concreto, a la de los exconsejeros Francisco Baquero, Jesús Pedroche y Estanislao Rodríguez-Ponga, que afeó la diferencia de trato con otros miembros del consejo de BFA que también participaron y votaron a favor de la formulación de las cuentas de 2011, y respecto a los cuales no se admitió a trámite la querella, como fue Virgilio Zapatero.

Ahora el tribunal reconoce que "inexorablemente" se ha producido una "quiebra" del principio de igualdad, ya que "sin explicación lógica alguna" se apartó a éstos del proceso, una exclusión que considera "injusta y detestablemente desigualitaria".

Sin embargo, no exonera a los tres, que deberán acudir a todas las sesiones del juicio, como la treintena de exdirectivos y el socio auditor acusados por supuesta estafa a inversores y falsedad contable, incluido Rodríguez-Ponga, en prisión por las "black" y que solicitó permiso "para poder preparar los exámenes de la UNED".