Diario Vasco

Río de Janeiro, 13 ene (EFE).-El condenado por terrorismo, el italiano Cesare Battisti, capturado este sábado en Bolivia y quien es solicitado en extradición por Italia, llegará primero a Brasil, donde hará una escala para cambiar de aeronave, y luego será enviado a su país de origen, informaron fuentes oficiales.

La información fue confirmada por el ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, general Augusto Heleno, quien habló con la prensa al salir de una reunión con el presidente Jair Bolsonaro y con los ministros de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, y de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo.

Battisti, de 64 años, fue capturado en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra por un equipo de agentes bolivianos e italianos, según confirmaron las autoridades de la nación europea.

De acuerdo con el general, un avión de la Policía Federal del que solo falta "regularizar el manifiesto de vuelo" para que Battisti sea trasladado a Brasil, será enviado a Bolivia desde la ciudad de Corumbá, ubicada al oeste del país, en el estado de Mato Grosso do Sul.

Según el ministro, Battisti deberá hacer una parada en Brasil para cambiar de avión ya que la primera aeronave que los trasladará no cuenta con la autonomía suficiente para llegar hasta Italia.

A la pregunta de si el presidente Bolsonaro buscaba sacar algún provecho político con la escala del exactivista italiano, Heleno negó tal afirmación y dijo que el ultraderechista "quiere enviar fuera a un bandido".

Condenado a cadena perpetua en Italia, Battisti fue sentenciado por el asesinato de cuatro personas, en la década de 1970, cuando integraba el grupo Proletarios Armados por el Comunismo, un brazo de las Brigadas Rojas.

Hasta diciembre pasado, Battisti vivía en libertad en Brasil en virtud de una decisión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, (2003-2010), líder del Partido de los Trabajadores (PT), que está preso desde abril condenado a 12 años por corrupción.

Lula negó la extradición de Battisti el último día de su segundo mandato -el 31 de diciembre de 2010- a pesar de que el Supremo lo había autorizado en un fallo no vinculante.