Diario Vasco

Washington, 8 dic (EFE).- El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, cree que Latinoamérica debe "actualizar" su protección a los derechos humanos para incorporar nuevas realidades, como el género, mientras al mismo tiempo hace frente a los nacionalismos.

En una entrevista con Efe, Abrão afirmó que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que este año cumplió 70 años, supone una "conquista" de las sociedades de Latinoamérica que libraron sus particulares "luchas sociales" con el sueño de una "sociedad democrática y pacífica".

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que se remonta a mayo de 1948, es el primer documento de derechos humanos suscrito por un organismo multilateral.

Fue firmada incluso antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que este 10 de diciembre cumple 70 años y tuvo un valor fundamental a la hora de reconocer la dignidad inalienable de las personas y ayudar al establecimiento del sistema interamericano de derechos humanos.

"Las declaraciones -explica Abrão- fueron construidas a raíz de un contexto propio al inicio del siglo pasado. Y hubo la sabiduría, obviamente, de establecer unos principios generales suficientemente completos en la lógica de la construcción progresiva de los derechos humanos".

Ese modelo de construcción progresiva funcionó durante décadas, pero ahora las declaraciones de derechos humanos deben hacer frente a los desafíos de "nuevos tipos de conflictos sociales".

En opinión de Abrão, las declaraciones de derechos se enfrentan a dos retos: actualizarse para proteger los derechos de las personas ante cambios tecnológicos, médicos y sociales y, además, no permitir "retrocesos" en una región desagrada por dictaduras militares, grupos armados y crimen organizado.

"No debemos permitir retrocesos que muchas veces surgen de discursos antiderecho y movimientos que no quieren reconocer en los derechos humanos un valor universal", subrayó Abrão.

Desde un plano regional, Abrão hizo alusión a las diferencias históricas entre las tradiciones jurídicas del Caribe, de herencia anglosajona, y el derecho civil de los países continentales de las Américas; unas diferencias que históricamente han dificultado la inclusión de los países caribeños en el sistema interamericano.

Para solucionarlo, la CIDH aprobó un plan especial para el Caribe con el fin de promover el acercamiento a esas naciones y, además, incorporó a funcionarios de esa nacionalidad, como la actual presidenta, Margarette May Macaulay, originaria de Jamaica y conocida por sus defensa de los derechos de las mujeres.

Por países, el jefe de la CIDH reconoció que los mayores desafíos se encuentran en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"La Comisión históricamente entiende que en Cuba hay un régimen de restricciones de las libertades que afecta la integridad de los derechos humanos, pero en el pasado reciente, la situación que tenemos en Venezuela y en Nicaragua son efectivamente dramáticas", lamentó Abrão.

"Claramente, se percibe -añadió- un deterioro del Estado de derecho, que es una base del funcionamiento de los derechos humanos".

En su último informe anual, publicado en marzo de este año, la CIDH incluyó en su "lista negra" a Venezuela y Cuba debido a la falta de garantías para los derechos humanos.

Este año, la CIDH ha vigilado muy de cerca la crisis en Nicaragua, llegando incluso a ser el organismo de referencia para saber el número de fallecidos en las protestas contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en las que 325 personas han perdido la vida desde abril, según las últimas cifras del organismo.

Abrão, que asumió el cargo en 2016 para un periodo de cuatro años, confesó que su principal objetivo es apoyar a la sociedad civil, que es "la principal garantía" del sistema interamericano.

"Lo que yo espero en mi mandato de la secretaría ejecutiva es fundamentalmente apoyar a la sociedad civil en sus luchas porque ellos nos inspiran para seguir adelante, pero también son ellos los que van empujando junto a sus sociedades locales para tener más conquistas y afirmar derechos", resaltó.

De esa forma, las sociedades "empujan" a los Estados y, cuando ellos fallan, pueden acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA), el órgano político del derecho latinoamericano; y, sobre todo, a la propia CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que interpreta los tratados de derechos.