Diario Vasco

Kigali, 7 dic (EFE).- La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ordenó hoy al Gobierno de Ruanda que compense económicamente a la líder opositora Victoire Ingabire Umuhoza, en concepto de reparación por su detención en 2010.

"Al concederme esta compensación por daños y perjuicios se demuestra que el tribunal africano está de acuerdo conmigo en que mis derechos fueron violados por el Estado y por ello estoy contenta", dijo la presidenta del partido Fuerzas Democráticas Unidas de Ruanda (FDU), en declaraciones a Efe.

Este tribunal ordenó el pago de 74.336 dólares (65.203 euros) en concepto de gastos judiciales y daños y perjuicios, que deberán ser abonados en un plazo de seis meses, después de que fuera liberada este año tras cumplir ocho años de los quince años a los que había sido condenada.

Considerada como la principal enemiga política del presidente ruandés, Paul Kagame, Ingabire había sido acusada de incitar a la revuelta mediante la creación de un supuesto grupo armado llamado Coalición de Fuerzas de Defensa (CDF) y negar el genocidio de 1994 al considerar que hubo un "doble genocidio" entre tutsis y hutus.

Asimismo, se le acusó de financiar a la milicia hutu Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) para establecer bases en la vecina República Democrática del Congo (RDC) y otros países del extranjero.

Antes de su condena, el FDU había acusado al Gobierno dirigido por Kagame de acoso, persecución y tratamiento inhumano y denigrante a sus miembros, a los que, según sus denuncias, asesinaban las fuerzas gubernamentales.

Tras su salida de prisión en septiembre, Ingabire ofreció una rueda de prensa en la que reclamó a Kagame que "use sus poderes" para amnistiar al resto de miembros del FDU que fueron encarcelados acusados de cargos similares, con el objetivo de que Ruanda se dirija hacia el pluralismo político.

Kagame, antiguo líder de la milicia tutsi Frente Patriótico de Ruanda (FPR, convertida en partido y en control del país tras expulsar a los rebeldes hutus después del genocidio de 1994), dirige con mano de hierro el país desde el año 2000.

El Gobierno de Kigali también es acusado por organizaciones internacionales de arrestos extrajudiciales y de reprimir a la oposición y a los medios de comunicación.