Diario Vasco

Madrid, 7 dic (EFE).- La Fiscalía instará a la Audiencia Nacional a pedir la extradición a España de Carlos García Juliá, detenido el miércoles pasado en Sao Paulo (Brasil) por la matanza de Atocha, porque considera que su condena no ha prescrito.

Según han informado fuentes del ministerio público, la pena impuesta a García Juliá en 1980 (llevaba preso desde 1977) no habría prescrito, ya que no han pasado 30 años desde que el preso quebrantó el cumplimiento de su pena y que correrían desde 1996, año en que el juez revocó su libertad condicional.

Estos 30 años de prescripción son los establecidos en el artículo 133 del Código Penal para condenas de más de 20 años de cárcel, como es el caso de García Juliá.

En la orden de detención a efectos de extradición que emitió en marzo de 2001 la Audiencia Nacional a Bolivia, donde estaba entonces preso García Juliá por narcotráfico, se explica que el condenado dejó de cumplir con las condiciones que le impuso el juez de vigilancia penitenciaria tras viajar a Paraguay con el permiso del magistrado.

El 1 de diciembre de 1994, después de haber obtenido la libertad condicional en septiembre de 1991, el juez de vigilancia le autorizo a viajar a Paraguay para "hacer efectiva una aceptación de oferta laboral", según explica la Audiencia Nacional en esa orden de detención de 2001.

Se le impuso entonces la condición de presentarse mensualmente ante la Embajada de España en Asunción, pero el condenado no cumplió con su obligación.

Así, en agosto de 1996 el juez de vigilancia revocó su libertad condicional porque, dice la orden de arresto, "no cumplió las condiciones impuestas para la condición de libertad condicional, dejó de presentarse en la Embajada, salió de Paraguay y cometió nuevos delitos de tráfico de estupefacientes en Bolivia, por lo que fue detenido en mayo de 1996".

García Juliá estuvo preso ininterrumpidamente desde el 12 de marzo de 1977, cuando fue detenido un mes después de la matanza en la que murieron cinco personas, hasta el 23 de septiembre de 1991, cuando el juzgado de vigilancia penitenciaria 1 de Valladolid le dio la libertad condicional.

Fue sentenciado por la Audiencia Nacional a 193 años de cárcel (con un cumplimiento legal máximo de 30 años) el 29 de febrero de 1980 y su sentencia adquirió firmeza el 28 de enero de 1981.

Por ello, la Audiencia Nacional estima en las órdenes de arresto que ha emitido contra él, la última en 2017, que le quedan por cumplir 3.855 días de prisión (10 años y medio).

La orden de arresto de 2001 se cursó porque las autoridades españolas tuvieron conocimiento en febrero de 2001 a través de la Interpol de que García Juliá estaba interno en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz de Bolivia

En ese momento, la Fiscalía informó a favor de proponer la extradición (tal y como hará ahora) y también de que se dictara orden de detención preventiva a efectos de extradición a las autoridades de Bolivia

Pero esa entrega nunca ocurrió y García Juliá estuvo huido también en Chile, Argentina, Venezuela y Brasil, por donde se movía al disponer de documentación a nombre de otras personas.