Diario Vasco

Denver , 7 dic .- Un joven de 19 años residente en Utah (EE.UU.) fue sentenciado hoy a cinco años de prisión por haber ayudado a una chica de 16 años a suicidarse y grabar un vídeo cuando se ahorcaba con una soga que él le había proporcionado.

Tyerell Przybycien, en cuyo teléfono móvil la policía halló imágenes de pornografía infantil, expresó ante el tribunal que confiaba en que la sentencia trajese algo de alivio a la familia de la víctima, Jchandra Brown, y que, aunque no lo merecía, buscaba el perdón.

El 6 de mayo de 2017 el joven proveyó a la chica, que era su compañera de escuela, una soga, que luego ella usó para quitarse la vida colgándose de un árbol en una zona situada a unos 20 kilómetros al sur de Provo (Utah).

Según las autoridades, a los pies de Brown se encontró el teléfono con un vídeo de diez minutos en el que se escucha unos comentarios hechos por Przybycien mientras la joven agonizaba.

Tras comprobar que había fallecido, el joven, todavía grabando, afirmó: "creo que ahora voy a dejar esto aquí".

Los investigadores también encontraron en el lugar un recibo que demuestra que Przybycien había comprado la soga usada por Brown. Además, el muchacho dejó una nota manuscrita pidiendo que se mirase el vídeo e indicando que estaba en su teléfono.

Tras ser detenido, dijo que él también tenía "pensamientos suicidas", pero que antes quería ver el suicidio de otra persona para determinar si era algo por lo que él "podría pasar", según documentos judiciales presentados en octubre pasado al tribunal.

Además, de acuerdo con testigos entrevistados por los investigadores, el joven habría anticipado a sus amigos que iba a ayudar a "que Brown se matase" y que "cometería un asesinato" sin que lo atrapasen.

Aunque originalmente fue acusado de asesinato y con posibilidad de cadena perpetua, en octubre pasado la fiscalía le permitió declararse culpable de abuso de un menor de edad con resultado de homicidio y de intento de explotación sexual de menores.

Tras este caso, el poder legislativo de Utah aprobó en 2018 una ley que castiga con sentencias de hasta 15 años de prisión a aquellas personas que provean "medios físicos" para que alguien se suicide.