Diario Vasco

Madrid, 9 nov (EFE).- Los bancos deberán asumir a partir de mañana el impuesto que se abona al elevar las hipotecas a escritura pública, pero no tendrán que hacerlo cuando concedan los créditos a determinadas entidades e instituciones, como el Estado o la Iglesia, que ya estaban exentas cuando este tributo lo pagaban los clientes.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el real decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros para modificar las leyes que regulan el impuesto sobre actos jurídicos documentados y el impuesto de sociedades.

El real decreto ley, que impide a los bancos desgravarse el gravamen de las hipotecas del Impuesto de Sociedades, entrará en vigor mañana, aunque deberá ser convalidado en el Congreso.

El Gobierno ha impulsado estos cambios legales tras la decisión del pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de rectificar las tres sentencias dictadas en octubre, según las cuales debían ser los bancos, y no los clientes, los que pagaran el impuesto.

Tras dos jornadas de debate, el pleno decidió el pasado martes volver a la doctrina anterior, que hacía recaer el gravamen en los clientes.

El real decreto ley aprobado por el Gobierno modifica el artículo 29 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para establecer que, al escriturar préstamos con garantía hipotecaria, el sujeto pasivo del tributo será el prestamista, es decir, el banco.

Además, cambia el artículo 45 para eximir a los bancos de pagar el impuesto cuando concedan hipotecas a determinadas instituciones como el Estado, las administraciones públicas o entidades culturales, científicas o de beneficencia.

Esta exención, que ya se aplicaba cuando el impuesto lo pagaban los clientes, se extiende a los partidos políticos con representación parlamentaria y a las iglesias y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado.

Desde Arnedo (La Rioja), el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha defendido que esta exención se mantenga ahora que el impuesto a las hipotecas lo deben pagar los bancos.

"Las entidades no lucrativas se diferencian de las que persiguen el lucro. En el régimen fiscal general tienen esa exención, no solo en este impuesto, porque son declaradas de utilidad pública y no buscan un beneficio", ha dicho.

Ábalos ha subrayado que no se trata de un privilegio "porque tratar por igual a los que no son iguales sí que es una clara desigualdad".

A pesar de los cambios legales impulsados por el Gobierno, los clientes que han pagado el impuesto en los últimos años mantienen las protestas contra la actuación del Tribunal Supremo.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha organizado hoy medio centenar de concentraciones en diferentes puntos de España.

En Barcelona, decenas de personas han participado en una cacerolada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La portavoz de la PAH en esa ciudad, Lucía Delgado, ha dicho que el fallo del Supremo es "una demostración más de que la banca sigue presente en las instituciones".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado que las decisiones judiciales se deben acatar, gusten o no, porque España es un Estado democrático y de derecho.

Pero al mismo tiempo ha defendido que el Ejecutivo y el Parlamento puedan cambiar las leyes en consonancia con las necesidades sociales.

El portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha pedido consenso para afrontar esos cambios legales y ha advertido de la necesidad de evitar "chapuzas".

Según Roldán, el procedimiento para cambiar la legislación es "delicado".