Diario Vasco

Madrid, 12 oct (EFE).- La Fiscalía de Móstoles (Madrid) archivó en agosto la investigación por una presunta trama para la obtención de grados universitarios "falseados" por parte de unos 200 comisarios o inspectores de la Policía Nacional en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que ahora investiga un juzgado de la capital.

En un escrito, fechado el pasado 29 de agosto y al que ha tenido acceso Efe, la fiscal jefe Margarita Rossignoli cerró las diligencias porque "no se observa indicio alguno de actividad delictiva, ni tan siquiera de irregularidad administrativa".

Lo hizo apenas unos días antes de que Alternativa Sindical de la Policía pusiera los hechos en conocimiento del juzgado, que ahora ha abierto una investigación, cuando este mismo sindicato ya había presentado una denuncia similar ante la Fiscalía de Móstoles hacía meses.

El sindicato denunció una presunta trama para la obtención del curso "on line" en Criminología impartido entre 2013 y 2015 mediante el que los mandos policiales pudieron obtener su título universitario en tan solo un año.

Para apoyar la denuncia, la Fiscalía señala que el sindicato "únicamente aportó una noticia" publicada por El Confidencial, "lo cual determinaría por sí mismo la inadmisión de la denuncia al no haberse acompañado de ningún indicio de criminalidad que pudiera fundamentar el contenido de la propia noticia periodística".

No obstante, el Ministerio Público abrió diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Así, la universidad aportó "un informe pormenorizado del Grado de Criminología" que se impartió desde el curso 2010-2011, en relación a la normativa vigente y a los criterios seguidos en base a la memoria que sobre estos estudios fue presentada y aprobada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

También se solicitó información y la remisión de la documentación correspondiente al subdirector general de coordinación y seguimientos universitarios del Ministerio, que manifestó que "no se presentó en su momento reclamación alguna por presuntas irregularidades en el curso online denunciado".

Y añadió que el Consejo de Universidades no observó irregularidad administrativa alguna y que incluso se dictó una resolución el 17 de enero de 2017 que renovaba la acreditación del título universitario de Criminología impartido por la URJC.

La ASP sostiene que "decenas" de inspectores y comisarios del Cuerpo recurrieron a un curso organizado por la URJC y la Dirección General de la Policía ante la entrada en vigor en 2015 de la Ley de Régimen de Personal de la Policía Nacional.

Esa norma establecía que para acceder a la escala superior era necesario el título universitario, por lo que la Dirección General acordó previamente con la URJC dar esos cursos a los inspectores y comisarios.

Según la denuncia, para ello basta con un año y 60 créditos obtenidos "on line". La ASP ha explicado que cada curso costaba 3.000 euros y que el Ministerio de Educación lo paralizó en 2015.