Diario Vasco

París, 13 jul (EFE).- La guerra declarada por el Estado francés a los locales que venden cannabidiol, una molécula con propiedades relajantes que tiene cannabis, pero que no está prohibida por ley, ha encendido el debate acerca de la regulación de esta sustancia.

En un país que castiga severamente el consumo de estupefacientes, en el que se incluye la marihuana, con hasta un año de cárcel, partidarios y detractores de autorizarla han alzado sus voces en las últimas semanas.

El detonante ha sido la apertura de cerca de un centenar de "coffee shops" -como se denomina a los establecimientos en los que puede consumirse cannabis de forma recreativa- y la férrea respuesta de las autoridades.

Cuatro gerentes de este tipo de tiendas han sido arrestados en París esta semana en una investigación sobre "tráfico de estupefacientes e incitación a su uso", a los que se unen otros tres detenidos en junio. Sus locales también fueron precintados.

Esta tensa situación ha llevado el espinoso tema de la regulación del cannabis al centro del debate en Francia, donde el 51 % de los ciudadanos es favorable a una autorización del cannabis en situaciones como las médicas, de acuerdo con una encuesta publicada en junio.

El cierre de estos locales al menos ha servido para que el gran público "redescubra la planta en su conjunto y sus diferentes usos", explicó a EFE Florent Bufferie, portavoz de la asociación francesa en pro de regular el cannabis NORML, que tiene como modelos Uruguay en el caso recreativo o en Canadá para el médico.

"Este tipo de tiendas han hecho una interpretación de la ley concreta. Nosotros las apoyamos si informan bien del tipo de producto que venden", aclaró Bufferie, para quien una regulación del cáñamo aportaría a las arcas del Estado vía impuestos entre 2.000 y 6.000 millones de euros al año.

La interpretación a la que alude el portavoz de NORML es la comercialización de productos a base de cannabidiol (CBD), una sustancia no prohibida, pero tampoco autorizada, que en muchos casos contiene nada o muy poco de tetrahidrocannabinol (THC), a la que se atribuye un efecto de euforia y que está expresamente vetada siempre que sobrepase el nivel del 0,2 %.

La aventura de los "coffee shops" la iniciaron varios emprendedores el pasado mayo, cuando decidieron abrir tiendas dedicadas principalmente a vender el cannabidiol a través de diferentes productos - en flor, aceites, cremas o pasteles-.

Su éxito fue rotundo. Se registraron largas colas alrededor en algunos, como los de París, que hicieron portadas en los medios. Alertadas por el impacto social, las autoridades reaccionaron con mano dura blandiendo detenciones y clausurando locales.

"Hay ganas de represión por parte de las autoridades. Se lo digo a todos mis clientes. El riesgo penal es real", advierte Ingrid Metton, abogada defensora de varios empresarios del sector del cannabis.

El mediático cierre de "coffee shops" salpicó al Gobierno de Emmanuel Macron.

La ministra de Sanidad, Agnès Buzyn, asumió públicamente un vacío legal sobre el cannabidiol, pero pidió de todas formas a las autoridades estrechar el cerco en esa clase de locales, porque -alegó- son susceptibles de vender productos "potencialmente peligrosos para la salud".

La polémica también ha llevado a que un grupo de cargos públicos socialistas, del partido de Macron (La República en Marcha), los Verdes y varios médicos hayan pedido en una tribuna en "Le Parisien" la legalización del cannabis con fines terapéuticos.

De momento, el Ejecutivo dice no oponerse a este tipo de regulación, aunque no ha dado pasos concretos.

Respecto a la punición del consumo, ya anunció un tímido avance que podría beneficiar a los 700.000 consumidores de cannabis diarios en Francia.

El pasado enero, el ministro de Interior, Gérard Collomb, se mostró favorable a aplicarles una multa de entre 150 y 200 euros -frente a los 3.750 actuales-, aunque sin descartar procesos penales contra ellos.