Diario Vasco

Madrid, 13 jul (EFE).- La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha defendido hoy la "función social" de la "inmensa mayoría" de los centros concertados, y ha negado que desde el Gobierno haya un ataque o una amenaza a este tipo de enseñanza porque se vaya a cambiar un artículo de la Lomce sobre ella.

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada sobre sus reciente comparecencia en el Congreso, donde anunció que cambiaría el artículo 109 de la Lomce, que fija que la programación de plazas concertadas es "por demanda social" y ello a su juicio puede "propiciar en algunos casos que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada".

Celaá ha leído parte de su comparecencia en la Cámara Baja para recalcar que dijo que la red de centros concertados también forma parte del servicio público educativo y que contribuye "al fortalecimiento de nuestro sistema", pero que "la red pública ha de ser el referente del sistema educativo".

Los centros concertados "desempeñan una función social, que tiene un carácter complementario para cumplir las necesidades de escolarización" y por ello -continuó- "reciben el concierto"; "me consta que la inmensa mayor parte de la red concertada cumple con sus obligaciones y fines sociales".

La también portavoz del Ejecutivo ha negado que de sus declaraciones se concluya "razonablemente" que este Gobierno vaya a "atacar, retirar y resolver los conciertos o la red concertada".

"Es imposible", ha añadido Celaá, que ha añadido que lo contrario son "especulaciones infundadas".

Lo que sí sostiene el Ejecutivo, según la ministra, es que la red pública "ha de ser el referente del sistema educativo" por "una razón muy sencilla": "porque si la persona tiene el derecho fundamental constitucionalmente reconocido a ser educado, ese derecho solo con garantía puede ser prestado por la Administración pública".

"La enseñanza concertada por su propia naturaleza se oferta libremente" y "puede estar en algunas zonas o puede no estar, pero en el ejercicio de su libertad", ha insistido Celaá.

"Retirar el término de demanda social significa eso, sustituirlo de otra manera" ya que "la enseñanza pública es la obligación de la Administración pública y por tanto tiene que estar, la concertada es libre de estar", ha concluido.