Diario Vasco

Madrid, 13 jul (EFE).- El Tribunal Supremo ha avalado la decisión del Gobierno de no extraditar en 2017 a Turquía al escritor turco-alemán Dogan Akhanli al subrayar que se denegó la entrega por su condición de asilado, reforzada por la obtención de la nacionalidad alemana.

"La condición de asilado constituye un supuesto legal de denegación de extradición", subraya la Sala de lo contencioso-administrativo del Supremo en un auto dado a conocer hoy en el que rechaza el recurso interpuesto por el embajador turco en España, Ömer Önhon.

La Sala rebate no obstante los argumentos del abogado del Estado para oponerse al recurso y establece que un embajador, en representación de un Estado, está legitimado para recurrir ante los tribunales del país en el que está destinado la extradición de uno de sus compatriotas, sin necesidad de contar con una decisión al respecto del Gobierno del Estado al que representa.

Akhanli, que huyó de Turquía en 1991 y residía desde entonces en la ciudad alemana de Colonia, fue detenido el 19 de agosto en Granada cuando se encontraba de vacaciones en aplicación de una orden de arresto de Interpol, emitida a petición de Ankara.

Al día siguiente fue puesto en libertad provisional por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

El Gobierno alemán, que concedió asilo a Akhanli en 1993 y después le dio la nacionalidad, intercedió por él y manifestó al Ejecutivo español su rechazo a la extradición, que finalmente fue denegada por el Consejo de Ministros el 13 de octubre.

En la sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Carlos Trillo Alonso, se subraya que "ni la condición de refugiado ni la nacionalidad alemana de quien se pretende la extradición puede ponerse en duda".

Y se recuerda que la condición de asilado está reconocida como supuesto de denegación de extradición en la Ley de Extradición Pasiva.

Para la Sala, lo "relevante" es pues el asilo, al margen de que Turquía sea miembro del Consejo de Europa y de que haya suscrito la Convención Europea de Derechos Humanos.

Para reconocer el derecho de un embajador a recurrir a los tribunales, la Sala se remite a la Convención de Viena, que recoge entre las funciones principales de una misión diplomática la de "representar" al Estado y proteger los intereses de su país y de sus nacionales.

"Representar", según la sentencia , "permite entender que un embajador, en su cualidad de representante de su estado en el estado receptor, está facultado para ejercitar una acción judicial" como recurrir una decisión del Consejo de Ministros.