Diario Vasco

Alicante, 12 jul (EFE).- La Sección Décima de la Audiencia de Alicante hará pública, previsiblemente, el próximo septiembre, la sentencia por el cobro de dietas del expresidente de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo.

Así lo han manifestado a Efe fuentes de dicho tribunal, que espera tener lista la resolución para notificarla a las partes a mediados de dicho mes, a la vuelta de las vacaciones estivales, a menos que surja algún contratiempo.

El juicio por esta causa, una de las instruidas por la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional contra antiguos responsables de la CAM, quedó visto para sentencia el pasado 3 de julio.

En el banquillo de los acusados se han sentado tanto Crespo como el que fuera director general de la entidad Roberto López Abad y 19 antiguos miembros del consejo de administración.

Crespo llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particular y popular por la que admitió haber percibido de forma irregular 600.000 euros brutos como presidente de Tinser Cartera SL, una sociedad participada por la caja.

Tras declararse culpable de un delito de apropiación indebida agravada, aceptó una pena de nueve meses de prisión, una multa de 9.000 euros y devolver el dinero cobrado.

La Sección Décima de la Audiencia alicantina debe ahora validar dicho acuerdo y pronunciarse sobre la posible responsabilidad penal de los otros veinte encausados.

La Fiscalía Anticorrupción reclama para López Abad cuatro años de cárcel y una multa de 120.000 euros, pues le acusa de ser el ideólogo del fraude.

Para otros seis acusados, el fiscal Felipe Briones solicita penas que oscilan entre los dos y los tres años de cárcel.

Por el contrario, entiende que no hay base para condenar a los 13 implicados restantes, todos ellos exvocales del consejo, aunque mantenido la acusación contra ellos a efectos meramente formales.

Crespo cobró 600.000 euros bruto en dietas entre 2009 y 2011 por ejercer la presidencia en Tinser pese a que su dedicación en dicha sociedad "fue inexistente" y la derivada de presidir la propia caja era "gratuita por disposición legal", según Anticorrupción.