Diario Vasco

Pamplona, 12 jul (EFE).- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, ha dudado hoy de la constitucionalidad de modificar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento para considerar un delito sexual todo lo que no sea un "sí" expreso.

"Desde el punto de vista práctico prefiero no opinar", ha dicho Galve en declaraciones a los periodistas, tras asistir en el Colegio de Abogados al acto de celebración del Día de la Justicia Gratuita, y desde el jurídico, ha añadido, "tampoco, porque no cabe la menor duda de que según cual sea la redacción va a ir al Tribunal Constitucional".

En este sentido ha recordado que han sido distintos miembros de la judicatura y de la universidad los que ya han alertado de que "es dudosa la constitucionalidad, en relación con la presunción de inocencia, de esa matización que se quiere introducir" en la ley.

El presidente del TSJN ha mostrado su desacuerdo también con la posibilidad de considerar a las víctimas de la agresión sexual como víctimas de violencia de género, comentada ayer por la ministra de Justicia, ya que "son dos cosas totalmente distintas" aunque en algún caso concreto pueda haber alguna relación.

"Si hay un denominador común necesario en la violencia de género es el conocimiento previo que existe entre el sujeto activo del delito y el sujeto pasivo", ha comentado, y agregado que sin embargo "en las agresiones sexuales en muchas ocasiones son personas que no se conocen de nada".

Joaquín Galve se ha referido también a la queja planteada por 750 magistrados españoles ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos por la "presión social" al tribunal que condenó a los miembros de La Mañana a nueve años de cárcel por abuso sexual.

Un escrito que él no ha suscrito porque discrepa de que el Consejo General del Poder Judicial haya hecho poco por los jueces, pero que sí comparte en lo que supone de denuncia de "determinadas manifestaciones de responsables políticos".

Incluso ha considerado que la expresión "linchamiento" que se utiliza en la queja "muy desencaminada no está" como "linchamiento mediático por lo menos a uno de los jueces", el que discrepó del fallo en un voto particular en el que defendió la absolución de los cinco procesados de La Manada.

Al respecto ha defendido el derecho "a la crítica", que según ha apuntado reciben "constantemente", ya que le parece "lógico y muy bien que cada uno dé su opinión, pero otra cosa es recibir insultos y amenazas".