Diario Vasco

Pontevedra, 12 jul (EFE).- El abogado Marcos García-Montes, defensor del principal acusado del llamado caso los 'Miguelianos', ha anunciado hoy que acudirá a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial para denunciar las presuntas "irregularidades" cometidas en la instrucción del caso.

En una rueda de prensa celebrada en Pontevedra, García-Montes ha denunciado los "cambios de criterio" que han mostrado el fiscal y la jueza del caso "sin justificación ni base legal aparente".

El fiscal Juan Pablo Martínez ha solicitado 66 años de cárcel para el líder de la extinta Orden y Mandato San Miguel Arcángel, Feliciano Miguel Rosendo da Silva, por tres delitos contra la libertad sexual, cinco de coacciones, doce contra la integridad moral y uno de asociación ilícita, además de otras seis personas, entre ellas dos pseudomonjas o "consagradas", para las que solicita dos años de prisión por un delito de asociación ilícita.

A la fiscal general del Estado, María José Segarra, el letrado García-Montes pedirá que investigue la formulación de su acusación, que atribuye al líder de los 'Miguelianos' 21 delitos, que retire al fiscal y que nombre otro que actué "con mayor imparcialidad y con objetividad".

Por su parte, al CGPJ solicita que investigue el procedimiento "a ver si encuentra explicación" a algunas de las actuaciones de la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Tui, de quien critican que mantuvo el procedimiento un año parado, "procesó de oficio" y luego tuvo un "cambio de criterio" que, a su juicio, "tiene que ser examinado".

La abogada Beatriz Seijo, representante legal de varias de las supuestas consagradas de la presunta secta Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, ha anunciado que al menos ocho personas presentarán demandas en la vía civil "de manera inmediata" contra gente que lleva años realizando afirmaciones "que atentan contra su dignidad".

Los ocho iniciarán la reclamación en la vía civil para solicitar "amparo y protección" y también para pedir que se cese de hacer esas afirmaciones sobre ellos, pues se trata de conductas que "atentan al honor, a la intimidad o a la fama".

Destacan que "sin estar imputadas en el procedimiento ni acusadas ni van a ser llevadas a juicio, se han hecho afirmaciones en torno a su intimidad o a su honor que les afectan a niveles que son intolerables".

Los dos abogados también asistieron este jueves a una vista en la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que será la que antes de final de año juzgue el caso.

Se trata del primer acto procesal desde que se dictó la apertura de juicio oral y tuvo como objeto planteó una serie de peticiones planteadas por estos dos abogados.

El tribunal solo admitió debatir cuestiones relativas a la posible prescripción de parte de los delitos que se atribuyen a los acusados en la causa.