Diario Vasco

(actualiza la información con referencia EC4371 con anuncio de recurso de Adicae)

Por el contrario, el Ministerio Público solicitó, al igual que el resto de acusaciones con excepción de Adicae, que se aplicara la denominada "doctrina Botín" y se sobreseyera la causa.

En rueda de prensa, el presidente de la asociación, Manuel Pardos, ha dicho que "Botín ha resucitado para defender a los corruptos", y ha lamentado este "invento de la justicia española" que "sólo busca favorecer a los acusados y debilitar a la acusación popular.

Al respecto, ha afeado la "vergonzosa actuación" de la Fiscalía que "ni ha querido ni ha dejado investigar los indicios claros de oscuras maniobras" en la comercialización de preferentes, un "fraude organizado e intencionado para salvar los lamentables balances de las cajas en quiebra".

La llamada "doctrina Botín" fue adoptada por el Tribunal Supremo en 2007 para cerrar el caso de las cesiones de crédito en el que estaba implicado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín.

Posteriormente, fue corregida por el propio Supremo con la denominada "doctrina Atutxa", que establecía que las acusaciones populares no podían pedir la apertura de juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa, con el objetivo de salvaguardar los derechos del acusado.

Hoy, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal señala que no hay margen de actuación a la pretendida acusación en solitario de Adicae, pues los intereses públicos y particulares reunidos en el procedimiento "han manifestado su tajante voluntad de retirada".

Los acusados eran los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, por presunta estafa en la venta de preferentes; ambos fueron condenados en octubre de 2017, junto a otros dos antiguos miembros de la cúpula de la entidad, a tres años de cárcel por "distorsionar" los estados contables entre 2010 y su intervención en 2011, "vulnerando" la imagen de la CAM en momentos de grave crisis.