Diario Vasco

Madrid, 12 jul (EFE).- Aena y Repsol son las únicas empresas que cumplen "de manera significativa" y por segundo año consecutivo la Ley de Transparencia, según se desprende del segundo informe "Ley de Transparencia y grandes empresas en España" presentado hoy por Transparencia Internacional España (TIE).

El documento analiza el nivel de conocimiento y cumplimiento de la Ley de Transparencia por parte de 132 empresas que cotizan en el mercado continuo, entre las que se incluyen las compañías del Ibex 35, y tiene como objetivo "analizar las obligaciones de publicidad activa de sujetos obligados" y "ofrecer herramientas propias y de terceros para apoyar el cumplimiento de la ley".

El autor del informe es el investigador del Área de Transparencia de TIE, César Nicandro Cruz-Rubio, y se ha elaborado en el marco del Proyecto Integridad desarrollado por esta entidad y financiado por Siemens Integrity Initiative.

La ley establece "dos criterios clave para la identificación de empresas privadas como sujetos obligados" a cumplir la normativa y que son la recepción de ayudas o subvenciones públicas que supongan una cantidad superior a 100.000 euros durante un año, y la recepción de ayudas o subvenciones públicas cuando éstas supongan al menos el 40 % de los ingresos totales corporativos.

En este sentido, durante la presentación del informe, el subdirector del organismo público independiente Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, ha apuntado la dificultad para conocer cuáles son las empresas españolas, independientemente de que sean cotizadas, que son sujetos obligados a cumplir con la norma de transparencia.

"La Administración General del Estado no conoce el universo de empresas" que deben cumplir con esta ley "ni la cantidad que reciben" a través de subvenciones públicas, dado que el importe que obtienen puede ser emitido no solo por la administración central, sino también por administraciones autonómicas y locales.

Amorós ha destacado como otro de los inconvenientes que la ley no se refiere exclusivamente a empresas, sino a organizaciones, como pueden ser las ONG, de modo que el censo "es potencialmente muy grande", pues en 2017 había en España en torno a tres millones y medio de empresas, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Aunque ha lamentado que todavía "no hay oído hablar de transparencia" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que cree que lo hará pronto.

En este sentido, ha apuntado que espera que el Ejecutivo "acometa pronto una definición sobre qué quiere hacer respecto a la transparencia en este país".

A pesar de la dificultad, el informe se apoya en los datos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones y a través de ellos ha determinado que de las 132 empresas cotizadas, 43 son sujetos obligados al cumplimiento de la ley de transparencia.

En este sentido, el informe desglosa el nivel de cumplimiento de los diferentes aspectos de la ley por parte de las 43 compañías obligadas.

El documento revela que, el nivel de cumplimiento de la ley respecto a la obligación de que las empresas ofrezcan información relativa a las funciones que desarrollan y sobre sus cuentas generales es, por lo general, "elevado".

Respecto a la publicación de "información sobre la normativa de aplicación", es decir, qué leyes deben cumplir en base a la actividad que desarrollan, hay un "incumplimiento" general, igual que a la hora de comunicar sobre las ayudas y subvenciones públicas concedidas y sobre cuáles son los presupuestos que manejan

Asimismo, se ha destacado hay un bajo nivel de cumplimiento respecto a la información sobre la estructura organizativa, organigrama e información de la trayectoria profesional de quienes desarrollan cargos de responsabilidad, al igual que sobre las retribuciones anuales e indemnizaciones de los directivos.

El estudio también analiza el nivel de información sobre "todos los contratos suscritos con una administración pública" y, por lo general, no hay "información disponible" por parte de las empresas, y lo mismo sucede con los datos relativos a los convenios y encomiendas de gestión.