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ETA vuelve a enturbiar las relaciones entre España y Venezuela

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ETA vuelve a enturbiar las relaciones entre España y Venezuela

Madrid, 1 mar (EFE).- El auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco afirma que hay indicios de la "cooperación" del Gobierno de Venezuela con la alianza formada por ETA y las FARC ha vuelto a enturbiar las relaciones entre España y ese país, donde residen desde hace años decenas de miembros de la banda terrorista.
Ya en abril de 1996 Venezuela reconoció la llegada, entre 1984 y 1990, de unos 25 miembros de ETA procedentes de Argelia, Francia y Panamá como resultado de los acuerdos firmados con los Gobiernos de esos países.
Los etarras vivían en Venezuela como "huéspedes vigilados", pero no como asilados.
El número aumentó posteriormente debido a las trabas puestas por el gobierno de México a la presencia de miembros de ETA en su territorio, lo que aumentó la cifra de etarras en Venezuela hasta los 35, según informaron fuentes diplomáticas españolas en 2002.
El convenio de extradición entre los dos países entró en vigor el 30 de septiembre de 1990 y, desde entonces, han llegado a España expulsados desde Venezuela seis presuntos miembros de ETA, el último de ellos José Ramón Foruria Zubialdea, "Foru", el 25 de septiembre de 2003.
España solicitó por primera vez a Venezuela la entrega de un miembro de ETA en 1996, cuando pidió formalmente la extradición de Eugenio Barrutiabengoa y Miguel Ángel Aldana Barrena, que habían llegado al país suramericano como "huéspedes vigilados".
Las peticiones de extradición han provocado desde entonces diferencias entre Madrid y Caracas, ya que la Justicia venezolana ha denegado varias a lo largo de los últimos años.
El incidente más importante tuvo lugar en 2006, cuando el colectivo de apoyo a los presos de ETA Askatasuna anunció que el Gobierno venezolano se había comprometido con los etarras Lorenzo Ayestarán -detenido ayer en Francia-, Ángel Aldana, Jesús Urteaga y Eugenio Barrutiabengoa a "facilitar los trámites" para concederles la nacionalidad, lo que les permitiría evitar su extradición.
El acuerdo incluía el pago de indemnizaciones a otros dos -Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza- que habían sido expulsados a España en 2002, pero poco después de hacerse público el Gobierno venezolano anunció que había dejado sin efecto el compromiso.
También en 2006, la ciudadana venezolana Goizeder Odriozola, esposa del presunto miembro de ETA Arturo Cubillas, fue nombrada directora del despacho del Ministerio de la Presidencia de la República.
A raíz de ese nombramiento, varios medios de comunicación informaron de que su marido ocupaba desde octubre de 2005 un cargo en el Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela.
Cubillas aparece en el auto notificado hoy por el juez Velasco como "responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC".
Él fue uno de los cinco etarras cuya detención pidió a finales de 2008 la Fiscalía de la Audiencia Nacional por dar y recibir cursos sobre el uso de explosivos en la selva de Colombia a miembros de las FARC y del Frente de Liberación Bolivariana (FLB).
Ese mismo año tuvo lugar un nuevo incidente que tensó las relaciones entre los Gobiernos español y venezolano, cuando un grupo de desconocidos lanzó dos bombas lacrimógenas contra el muro que rodea la sede de la Embajada de España en Caracas y realizó varias pintadas con el logotipo de ETA y con lemas utilizados por la banda.
El último episodio relacionado con la presencia de ETA en Venezuela se produjo a raíz de la detención en ese país el 25 de abril del año pasado del presunto etarra Iñaki Echeverría Landazabal, acusado del intento de asesinato en 1981 en Bilbao del periodista Gerardo Huezo.
El 5 de agosto de 2009, el Tribunal Supremo venezolano rechazó extraditarle a España al estimar prescrito el delito que se le imputaba. EFE
Diario Vasco

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