El caso Atutxa se estanca en el Constitucional diez años después

Esta es la historia de una historia inconclusa que podría resumirse como sigue. En marzo de 2003, hace diez años, la Sala del 61 del Tribunal Supremo dictó la sentencia que ilegalizaba Herri Batasuna y sus entonces sucesoras -Euskal Herritarrok y Batasuna- por su connivencia con el terrorismo de ETA. Los magistrados derivaron de ello un mandato para que el Parlamento Vasco disolviera Sozialista Abertzaleak, la sigla capitaneada por Arnaldo Otegi que aquellos días se sentaba en la Cámara. Avalado por el tripartito PNV-EA-Ezker Batua y con la oposición de PSE y PP, el presidente del Legislativo y exconsejero de Interior, Juan María Atutxa, desoyó la orden del Supremo al considerar que invadía el fuero parlamentario y que se le intentaba forzar a hacer algo sin sustento en el Reglamento interno. Lo que empezó como una disputa que parecía inane acabó transformándose en un pulso inédito entre un Parlamento autonómico y la cúspide del sistema penal español. Atutxa y sus compañeros del tripartito en la Mesa de la Cámara, Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB), fueron juzgados por desobediencia dos veces por el Tribunal Superior vasco y otras tantas absueltos, antes de que el propio Supremo les condenara a sendas penas de inhabilitación y multa que los encausados recurrieron en amparo al Constitucional. Desde 2008, el expediente duerme el sueño de los justos en el Alto Tribunal.

Esta semana, el caso ha regresado al orden del día del pleno del TC, aunque sus integrantes, enfrascados en otros asuntos pendientes y urgentes como la aplicación de la sentencia de Estrasburgo contra la doctrina Parot, ni siquiera han llegado a debatirlo. Sí lo hicieron en mayo, cuando el magistrado Pablo Pérez Tremps, designado ponente de la causa, llevó a la mesa de deliberaciones una propuesta que defendía conceder el amparo a los tres exparlamentarios y, por lo tanto, absolverles de la condena impuesta: año y medio de inhabilitación a Atutxa para el ejercicio de empleo o cargo público y 18.000 euros de multa, una pena que fue de un año y sanción de 12.000 para Knörr, vicepresidente primero de la Cámara vasca en 2003, y para Bilbao, secretaria segunda de la Mesa y la única que seguía activa en su escaño cuando el Supremo dictó su resolución condenatoria.

Hace seis meses, la mayoría del Constitucional estaba constituida por magistrados a los que se encuadraba en el sector progresista de la Judicatura. Sin embargo, y desmintiendo los augurios que sugerían un carpetazo al caso Atutxa favorable a las tesis de los tres condenados en función de la supuesta inclinación ideológica del tribunal, Pérez Tremps no logró concitar el apoyo preciso para hacer prosperar su planteamiento. El ponente retiró la propuesta de sentencia y la causa regresó al cajón. El TC se hallaba en puertas de su renovación, en la que el presidente Pascual Sala, Manuel Aragón y el propio Pérez Tremps -progresistas- y el conservador Ramón Rodríguez Arribas fueron relevados por tres profesionales próximos a la derecha -Pedro González-Trevijano, Santiago Martínez-Vares y Enrique López- y un cuarto alineado a la izquierda, Juan Antonio Xiol. Es decir, el Constitucional cambió de mayoría por primera vez desde 2004. Y Enrique López, que era el portavoz del Consejo General del Poder Judicial mientras se dirimía el caso Atutxa, se ha convertido en el nuevo ponente de la sentencia.

Tanto Pérez Tremps como López han declinado pronunciarse ante la petición de este periódico, en virtud de sus responsabilidades pasadas y presentes en el TC y de la discreción -casi secreto sumarial- que envuelve las deliberaciones del máximo intérprete de la legalidad constitucional. Ni siquiera las partes implicadas conocen cuándo se debatirán los expedientes, por lo que tampoco hay certeza de que la condena a Atutxa, Knörr y Bilbao se reincorpore al orden del día del próximo pleno, en principio previsto para diciembre. Lo que sí se sabe es que la propuesta de López es, esta vez, contraria a conceder el amparo a los encausados, al considerar que no se vulneraron ni la presunción de inocencia ni las garantías procesales de los imputados cuando el Supremo revocó su absolución por el Tribunal Superior sin volver a escuchar sus testimonios.

Doctrina Botín

En el trasfondo aparece, no obstante, un dilema de más recorrido, que afecta a la consideración de la acusación popular en los enjuiciamientos penales. O, por sintetizarlo, que enfrenta el llamado caso Botín al caso Atutxa. En el primero, el Supremo exculpó al banquero en un proceso por cesiones de crédito dado que solo acusaba un colectivo de inversores; en el segundo, el tribunal condenó al expresidente del Parlamento Vasco con la única imputación del sindicato "ultra" Manos Limpias, después de que la Fiscalía, con Zapatero en La Moncloa, se descolgara del procesamiento que había impulsado Jesús Cardenal durante el Gobierno Aznar. La mayoría del Supremo desestimó que la autonomía parlamentaria puede esgrimirse para incumplir un mandato judicial y avaló la solitaria personación de Manos Limpias porque el delito atribuido a Atutxa no había tenido "víctimas" directas que apelaran. Pero casi la mitad de los integrantes de la Sala de lo Penal -5 de 12, y de orientación plural- defendieron aplicar por analogía la doctrina Botín.

Este es a grandes rasgos el retrato de los tiempos convulsos en el que esta causa aún por cerrar convivió, entre otros acontecimientos, con la pervivencia de ETA, la crispación en torno al nuevo Estatuto soberanista promovido por el lehendakari Ibarretxe y el enjuiciamiento de éste y de quien años más tarde le sucedería en el cargo, Patxi López, por reunirse con la ilegalizada Batasuna. En medio quedan, cuando menos, dos imágenes para las hemerotecas: Xabier Arzalluz entonando el "Eusko Gudariak", paraguas en mano, a la entrada del Tribunal Superior el día de la declaración de los tres imputados, lo que fue interpretado por la representación de los jueces como un acto de deslegitimación; y el propio Atutxa obligado a renunciar a su cargo en favor de Izaskun Bilbao, para que el veto a su persona por parte del PSE y del PP no impidiera al PNV de Josu Jon Imaz retener la Presidencia del Parlamento.