La Audiencia concedió la libertad a Uribetxebarria por el «peligro notorio» de fallecer a corto plazo

El voto particular de un magistrado sostiene que «en ningún momento» los médicos han hablado de «riesgo de muerte» del etarra

BILBAO , VASCO PRESS

La Sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional concedió la libertad condicional al etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga al estimar que existía "un peligro claro, notorio y manifiesto para la vida del paciente de fallecer en un corto periodo de tiempo".

El tribunal presidido por Fernando Grande-Marlaska ha dado a conocer el auto judicial en el que cuatro de los cinco componentes de la sección acordaban ratificar la decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de conceder la libertad condicional al etarra que cumplía condena por tres asesinatos y dos secuestros, uno de ellos el del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.

El quinto magistrado, Nicolás Poveda, ha emitido un voto particular en el que se pronuncia a favor del recurso presentado por la Fiscalía y sostiene que "en ningún momento" los médicos mencionan la expresión 'riesgo de muerte' para referirse a la situación actual del paciente.

La mayoría de la sala, sin embargo, subraya que todos los informes médicos emitidos, sean de facultativos del Hospital Donostia, como los del forense o los de la cárcel de Zaballa, coinciden en que el padecimiento del recluso es grave e incurable. "Tiene un muy mal pronóstico, con máxima probabilidad el proceso es irreversible e incurable", señala.

El auto señala que las diferencias entre los facultativos se plantea a la hora de ofrecer un pronóstico de supervivencia. Según la médico forense, la mediana de supervivencia es de once meses y tres días, mientras que los facultativos del hospital hablan de una supervivencia de entre siete meses y 29 días. "Por lo tanto, dice la sala- la divergencia no es cualitativa, sino cuantitativa, se cifra en tres meses, más o menos, en la expectativa del paciente".

Los magistrados señala que esa diferencia de opiniones "no impide afirmar que existe un peligro claro, notorio y manifiesto para la vida del paciente de fallecer en un corto periodo de tiempo".

Estas circunstancias llevan al tribunal a considerar que se dan las condiciones previstas en la ley para acceder a la libertad condicional por parte del recluso. La mayoría de la sala diferencia entre la existencia de un "riesgo patente" para la vida del concepto de "peligro inminente" amparándose en el artículo 196 del Reglamento Penitenciario.

Al rechazar el recurso del fiscal, la sala tiene en cuenta que el ministerio público no presentó recurso contra la decisión de Instituciones Penitenciarias de conceder el tercer grado del preso etarra a "los efectos de poder iniciar el expediente de libertad condicional".

La fiscalía había alegado también en su recurso que el juez de Vigilancia Penitenciaria había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva al no comunicar a tiempo su desplazamiento a San Sebastián para reunirse con los médicos y con el preso y, por tanto, ni la fiscalía ni la forense pudieron estar presentes en esas actuaciones judiciales.

La sala estima "razonable" que la fiscalía y la defensa del etarra hubieran podido acompañar al juez en esas actuaciones ya que así el fiscal hubiera podido "cumplimentar mejor su función de informe al servicio de la legalidad". A pesar de ello los magistrados consideran que la ausencia de la fiscalía no le causó indefensión porque el ministerio público pudo informar posteriormente y presentar una impugnación contra la decisión del juez.

Añade la resolución que "incluso aceptado como proceder irregular la imposibilidad del fiscal de intervenir en la vista al penado y al equipo médico, su entidad es mínima, no ha causado indefensión efectiva o material alguna".

La resolución judicial subraya que la ley incorpora "el principio de humanidad de las penas" y que la finalidad de la ley es "evitar el internamiento en establecimientos penitenciarios de enfermos muy graves con padecimientos incurables cuando exista peligro patente para la vida". Añade que el principio de humanidad del artículo 92 del Código Penal tiene carácter incondicionado, "no pudiendo depender de la gravedad de las conductas sancionadas, ni de la entidad de los daños causados por el delito". "En el caso de peligro patente para la vida del penado -añade-, la ley prescinde de la consideración sobre el delito, hace abstracción de tales datos, dado el carácter absoluto del derecho a la vida y a la integridad física y moral".

El voto particular del magistrado Nicolás Poveda sostiene que "ni una sola vez los médicos, tanto del Hospital Universitario de San Sebastián ni la médico forense, mencionan en ningún momento la expresión 'riesgo de muerte' para la situación actual del paciente". Considera que el enfermo podría ser tratado por los servicios médicos del centro penitenciario.

Además, este magistrado estima que debió ser estimada la petición del fiscal de que se anulasen las actuaciones judiciales relacionadas con el viaje del juez de Vigilancia a San Sebastián por no haber sido notificadas a tiempo a las partes.