Los cinco imputados de Egunkaria sólo aceptarán la absolución

Comienza el juicio por la presunta relación con ETA del diario, a pesar de que el fiscal retiró los cargos

AMAIA CHICOANDOAIN.
Martxelo Otamendi, Txema Auzmendi, Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria y Xabier Oleaga, durante la rueda de prensa que ofrecieron ayer. ::                             MIKEL FRAILE/
Martxelo Otamendi, Txema Auzmendi, Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria y Xabier Oleaga, durante la rueda de prensa que ofrecieron ayer. :: MIKEL FRAILE

«Itzuliko gara!». De esta forma, con la esperanza de volver a casa libres de todo cargo, se despidieron ayer los cinco imputados por el caso Egunkaria, cuyo juicio comienza hoy en la Audiencia Nacional. Casi siete años después de que el juez Del Olmo ordenara el cierre del periódico en euskera bajo la acusación de que la empresa estaba subordinada a ETA, los directivos del diario se enfrentan al juicio y a penas de entre 12 y 14 años de prisión, según reclama la acusación popular, única presente en el caso tras la retirada de la Fiscalía.

Antes de partir hacia Madrid en un autobús en el que les acompañaron varios familiares, los procesados hicieron pública una declaración en la que aseguraron que el veredicto del juicio «no puede ser otro que la absolución». Joan Mari Torrealdai, ex presidente del consejo de administración de Euskaldunon Egunkaria, aseguró que hoy acudirán a la primera vista del juicio oral «obligados», pero con «la cabeza muy alta» por haber mantenido «nuestro compromiso con el euskera, con el periodismo en euskera, con nuestra cultura y nuestro país». Por esos motivos, dijo, «nos llevaron presos» el 20 de febrero de 2003 y «nos juzgan ahora», en una vista que «nunca debería haber existido y un caso que nunca debió ocurrir».

Junto a Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Txema Auzmendi y Xabier Oleaga, Torrealdai recordó que, después de los años de «dolor y ofensa permanente» que han vivido, el juicio se va a celebrar únicamente por la negativa de la acusación popular, ejercida por las asociaciones Dignidad y Justicia y AVT, ya que el fiscal retiró hace un año los cargos por no existir «ni un indicio suficiente» que demuestre que los imputados estuvieran al servicio de la organización terrorista.

«Jamás un fiscal ha propuesto el sobreseimiento del caso, con una base acusatoria como la nuestra», en la historia de la Audiencia Nacional, destacó Torrealdai, quien señaló, no obstante, que este hecho les genera una «incertidumbre» contradictoria. «¿Nos está anunciando tal vez un final satisfactorio?» o, por el contrario, ¿el hecho de que los jueces no hayan dado un paso atrás, a pesar de la propuesta del fiscal, augura otro desenlace? «Ésas son nuestras preocupaciones», señaló.

Torrealdai agradeció el apoyo recibido por la sociedad vasca, y lamentó que este caso engrose las páginas del «libro negro» de la historia del euskera y «de la acción social por nuestra lengua». «Quienes nos han llevado a esta situación, han hecho ya historia», dijo, «porque este juicio siempre permanecerá en ese libro».

Apoyo en Madrid

En la línea que desde hace unos meses han demostrado en la calle, representantes políticos como el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, representantes de la cultura, enseñanza, sindicatos y sociedad vasca viajarán hoy a Madrid para acompañar a los procesados. Otros como Iñaki Goirizelaia, Pedro Miguel Etxenike, Daniel Innerarity, Carlos Garaikoetxea, Xabier Arzalluz o Bernardo Atxaga, entre otros, les expresaron también su apoyo aunque no estarán presentes en la Audiencia Nacional.

A ellos y al resto de la sociedad, Torrealdai les animó a participar en la manifestación de apoyo a Egunkaria que tendrá lugar el próximo sábado en Bilbao. «Egunkaria libre! ha de ser un clamor similar al del 22 de febrero de 2003 en Donostia», indicó el directivo del periódico clausurado, en la rueda de prensa celebrada ayer en el parque Martin Ugalde de Andoain. La convocatoria es a las 17.00 horas en la plaza Aita Donostia.

En paralelo a este proceso, la Audiencia Nacional ha procesado a ocho miembros del consejo de administración -entre ellos, Torrealdai, Uria y Auzmendi- en la causa sobre el entramado económico, cuya investigación finalizó el pasado mes de octubre.

En el procedimiento sobre las supuestas irregularidades en las cuentas de las sociedades mercantiles creadas en torno al diario, la acusación popular pide penas de entre 13 y 26 años de cárcel y multas de entre 21 y 33 millones por delitos de fraude fiscal y falseamiento de las condiciones para obtener subvenciones públicas. La Fiscalía se adhirió a dicha petición, aunque no ha formalizado ninguna acusación por delito fiscal.

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