Alierta declarará mañana tras decidir la Audiencia reanudar el juicio oral

El presidente de Telefónica, César Alierta, declarará mañana por el 'caso Tabacalera', después de que la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid haya decidido reanudar el juicio oral. Los magistrados resolverán en la sentencia final el fondo de las cuestiones previas planteadas ayer por las partes y cuyo estudio suspendió la segunda sesión de la vista oral. El tribunal acoge así de la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que defendió la necesidad de celebrar el juicio para determinar si se consumó el delito y si existe prescripción.

Fuentes jurídicas han informado de que la vista oral se reanudará mañana con las declaraciones del presidente de Telefónica y de su sobrino Luis Javier Plácer, que están acusados de haber usado información privilegiada en la compraventa de acciones de Tabacalera en 1997, cuando Alierta estaba al frente de la compañía. El tribunal reduce de cuatro a tres las sesiones programadas para la celebración de la vista oral, cuya tercera y última sesión tendrá lugar el próximo martes. El viernes y el lunes no habrá vista oral.

La defensa de Alierta solicitó ayer el sobreseimiento de la causa por prescripción del delito de información privilegiada, al haber transcurrido cinco años desde la comisión hasta la admisión a trámite de la denuncia. Asimismo, pidió la nulidad del procedimiento por vulneración de los derechos fundamentales del acusado y rechazó la legitimación de la Fiscalía Anticorrupción para acusar en solitario al no existir perjudicados, y tras la retirada, un día antes del juicio, de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (Auge) como acusación popular.

Por su parte, el fiscal solicitó la práctica de las pruebas testificales y documentales al considerar probado que Alierta se benefició de su entonces cargo de presidente de Tabacalera para obtener 1,86 millones de euros en seis meses con la compra-venta de acciones de la compañía durante el proceso de compra de la empresa estadounidense Havatampa. Defendió la existencia de un delito agravante de información privilegiada -cuyo plazo de prescripción es de diez años- y mantuvo su acusación en defensa de los intereses generales y de la credibilidad del mercado de valores. La Fiscalía pide cuatro años y seis meses de cárcel para Alierta y cuatro años de prisión para Placer