El PNV y la II República

JOSÉ MANUEL BUJANDA ARIZMENDI
Alemán Amundarain/
Alemán Amundarain

Cuando hace ya 78 años, un 14 de abril de 1931, se produjo la proclamación de la II. República, existía ya en Euskadi una amplia conciencia a favor del autogobierno vasco consecuencia de los sucesivos fracasos obtenidos por los fueristas vascos en las relaciones habidas con el gobierno español al final de las guerras carlistas. Dicha frustración política y social ya había originado en el País Vasco a partir de 1876 una corriente cada vez más contraria a «fiarse» de las fuerzas políticas y de los partidos españoles. Se echaba en falta una línea política propia a través de un partido estrictamente vasco que asumiera precisamente los intereses del País Vasco como tal. Se iniciaba así casi un obligado procedimiento de reencuentro de las esencias y rasgos propios, sobre todo de la lengua y cultura vascas, del euskera y de lo de «aquí» en general. Uno de los principales promotores de este «pre-nacionalismo vasco» fue el navarro Arturo Campión y se caracterizó por una clara contraposición entre política «vasco-navarra» y política «española», contraposición entre la concepción del País Vasco como nacionalidad con lengua propia y pasado de independencia política con el amenazante liberalismo centralista y el naciente movimiento obrero socialista. Y es precisamente Sabino Arana, fundador del PNV, un abogado nacido en Bilbao en 1865, hijo de carlista, quien, con las bases ya sentadas en el «prenacionalismo» antes citado, modeló y proyectó al futuro el nacionalismo vasco en 1892 con el lema de . En el momento en que se proclamó la República española en abril de 1931, el PNV, que tenía ya una gran implantación particularmente en Vizcaya y Gipuzkoa, propugnó el autogobierno de la nación vasca de la mano de un Estatuto de Autonomía. Dicho de otra manera, en la proclamación de la II República española, el PNV ya estaba perfectamente preparado y decidido para lanzar todos sus esfuerzos en pro de la consecución de tal Estatuto. Un esfuerzo que se extendió a tres frentes: la movilización popular, la colaboración entre los ayuntamientos y las fuerzas políticas, y el trabajo de colaboración técnica de los especialistas vascos en su redacción.

Ciertamente los esfuerzos en pro de la consecución de tal Estatuto de Autonomía se iniciaron con un extraordinario entusiasmo: el 17 de abril, tres días después de proclamada la República, se reunieron los ayuntamientos vizcaínos en Gernika para «reconocer la República como expresión legítima de la voluntad popular» y «solicitar un gobierno republicano vasco vinculado a la República española». Pero la respuesta del gobierno de España no se hizo esperar al indicar que el Estatuto de Autonomía debía salir de las mismas Cortes españolas. Pero no por ello los municipios vascos se arredraron, no, y con fecha de 8 de mayo solicitaron de la Sociedad de Estudios Vascos la elaboración de un ante-proyecto de Estatuto de Autonomía, proyecto que se elaboró en un tiempo record y que con fecha de 31 de mayo se entregó en la llamada Comisión de Municipios Vascos. Su declaración preliminar expresaba ya bien a las claras el espíritu que acompañaba al PNV a la hora de configurar un status para Euskadi: «se declara que el País Vasco constituye una entidad natural y jurídica con personalidad política propia, y se le reconoce como tal el derecho a constituirse y regirse por si mismo como Estado Autónomo dentro de la totalidad del Estado Español». Al gobierno de España no le gustaba que la iniciativa autonómica partiera de los ayuntamientos y no de las Cortes, y menos le gustaba que se estableciese una especie de soberanía originaria de los entes autónomos pues consideraba así la soberanía del Estado como una cosa delegada. La soberanía, precisamente debería ser y estar como la entendía el gobierno, emanar y radicar en el propio y mismo Estado, quien delegaría después competencias a los entes autónomos. Además y para colmo, la desdichada enmienda respecto a las relaciones Iglesia-Estado (Prieto: «no permitiremos un Gibraltar vaticanista»), favoreció notablemente un enrarecimiento del ambiente.

Inasequibles al desaliento cuatrocientos veinte alcaldes vascos marcharon a Madrid y entregaron al presidente de la República Niceto Alcalá Zamora el proyecto de Estatuto, llamado de . Pero fue inútil: en las Cortes de Madrid, durante las sesiones del 22 al 25 de septiembre se aprobó el Título 1 de la Constitución, en virtud del cual la estructura y los principios generales del Estatuto de Estella se llegan a calificar como «contradictorios» con la Constitución española. Así en Decreto de 8 de diciembre de 1931 se estableció la obligatoriedad de que la redacción de los futuros proyectos de Estatutos de Autonomía debería acomodarse necesariamente a la Constitución en vigor. Consecuencia directa: la minoría vasco-navarra retiró el proyecto, no había otra solución, y por tanto, el Estatuto de Estella decayó. Tras la proclamación de la República, el Gobierno de España ordenó mediante Decreto que cada gobernador civil nombrase unas llamadas Comisiones Gestoras, cuya función consistía en hacerse cargo de las diputaciones provinciales hasta que se celebrasen las elecciones correspondientes. Un hecho trascendental rompió algunas complicidades políticas existentes: el apoyo del PNV a la elección de Alcalá Zamora como presidente de la República suponía por parte del PNV una aceptación tácita del régimen republicano, cuestión inadmisible para la derecha tradicionalista (aliada supuestamente al PNV pero que en realidad perseguía acabar con la República y volver al status anterior, siendo sus reivindicaciones autonómicas un mero cebo para obtener apoyo del PNV). A partir de este momento la derecha tradicionalista se convirtió en enemiga del Estatuto y de las reivindicaciones nacionales vascas. En enero de 1932 se convocó una reunión entre las Comisiones Gestoras y una representación de los municipios a fin de elaborar un nuevo proyecto de Estatuto acorde esta vez con la Constitución. Se nombró una Comisión encargada de redactar el proyecto, la cual terminó sus trabajos con la fecha 11 de marzo de 1932. El 19 de junio de 1932 se reunieron en Pamplona todos los municipios vascos a fin de aprobar dicho proyecto que fue refrendado mayoritariamente en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, pero no en Navarra (109 ayuntamientos votaron sí, 123 no y 35 se abstuvieron). Posteriormente se ha demostrado que Navarra realmente dijo 'sí' al Estatuto ya que varios comisionados de diversos ayuntamientos navarros votaron en contra del proyecto, aun cuando su corporación municipal respectiva había dado el voto favorable al mismo.

El PNV trató entonces, y por todos los medios, de continuar adelante con el proyecto, eso sí, acomodándolo a la nueva, y no deseada, situación. El proyecto de Estatuto fue aprobado: 411.756 votos favorables, 14.196 negativos y 357 en blanco. Nada impedía por lo tanto, en teoría, la rápida promulgación y puesta en vigor del Estatuto de Autonomía Vasco. Pero no ocurrió así, ya que en las elecciones legislativas celebradas en España en noviembre de 1933, las fuerzas de la derecha resultaron mayoritarias produciéndose un cambio total de la situación al iniciarse el llamado Bienio Negro.

Es conocido que durante dicho período la situación entre los nacionalistas vascos y el Gobierno de España en el poder se hizo cada vez más tirante, consecuencia de una auténtica política no sólo antiautonomista, sino incluso antivasca por parte de la derecha. Lo cierto es que el proyecto permaneció en el olvido (obligado) hasta el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936. Dos meses más tarde, tozudamente, se volvió a presentar el proyecto de Estatuto en las Cortes de Madrid y en julio de 1936, la Comisión concluyó el Dictamen correspondiente. El 7 de octubre se acordó, ya en plena contienda civil, la Ley Aprobatoria del Estatuto de Autonomía para Euskadi. Pero con la victoria del fascismo golpista se destruyó de raíz todo vestigio relativo a las reivindicaciones vascas y se declararon como traidoras a las provincias de Gipuzkoa y Bizkaia.

El PNV apoyó la República legalmente constituida, es decir, apoyó la legalidad democrática y constitucional, se opuso con los medios de que disponía a los golpistas y al fascismo, sus gudaris murieron en el frente, y ante los paredones, sufrió durante 40 largos años el zarpazo del fascismo, resistió en la clandestinidad a la dictadura, guardó el testigo de la libertad, de la democracia y del autogobierno de Euskadi y escribió así con letras de oro en el libro de la Historia su carácter profundamente democrático, radicalmente a favor del autogobierno de Euskadi y de la construcción de la nación vasca, y frontal y radicalmente antifascista.

Un emocionado recuerdo a todos aquellos gudaris y milicianos, hombres y mujeres patriotas, jóvenes y mayores voluntarios, que lucharon, sufrieron, resistieron y muchos de ellos y ellas pagaron con sus propias vidas su inquebrantable coherencia con la Democracia y su lealtad insobornable para con la Libertad y el Autogobierno de Euskadi. Recordarlos es un acto de justicia.