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JUANJO ÁLVAREZ CATEDRÁTICO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. UPV-EHU
Viernes, 12 de diciembre 2008, 02:44
El Consejo Asesor del Euskera aprobó en 2007, a propuesta de la consejera de Cultura, la creación de una Comisión Especial encargada de establecer las Bases para la política lingüística de principios del siglo XXI. La iniciativa, impulsada por la Viceconsejería de Política Lingüística, está siendo desarrollada en el seno del amplio y plural Consejo Asesor de Euskera mediante reuniones con cerca de cuarenta expertos, y a través de la página web y distintos foros electrónicos, con la participación de más de 2.000 personas.
Desde este reducto de libertad que representa la sección de opinión de DV, pretendo aportar elementos adicionales al debate, porque comparto la ratio, el objetivo último y la metodología seguida por la citada Viceconsejería: impulsar y hacer posible un mayor consenso social y político a favor de la normalización social del euskera.
El euskera es de todos. Nadie debe ser excluido de la tarea común de hacer posible una enriquecedora convivencia entre las dos lenguas. Hay que impulsar de manera especial y activa el uso de aquella lengua (el euskera) que, si bien es oficial, se encuentra en condiciones de debilidad respecto a la otra lengua oficial (el castellano).
Hay que huir de discursos maniqueos y simplistas. Se trata de reflexionar, debatir, sin prejuicios ni miedos, sin temor a ser tachado o contaminado como enemigo del euskera ni como talibán del euskera. Y hacerlo entre todos, porque de todos es el euskera, y, por consiguiente, a todos corresponde la responsabilidad de desarrollarlo. Como dijera Mitxelena, «al igual que nuestro pueblo debe encontrar un lugar entre los pueblos, también el euskera debe encontrar un lugar entre las lenguas, sin maximalismos, capaz de asegurar su conservación y crecimiento».
Y esto solo puede hacerse con un amplio consenso. La mera inercia no sirve como pauta metodológica de avance: hace 26 años, con motivo de la Ley del Euskera de 1982, se produjo un importante acuerdo que ha hecho posible el gran salto cuantitativo y cualitativo a favor del euskera en esos 25 años. Pero no es suficiente: es necesario consolidar y acrecentar ese consenso. Los tres elementos troncales o vertebradotes de la vigente política lingüística se asientan en el uso, la adhesión de la ciudadanía y el consenso.
La esencia del debate puede resumirse así: el problema troncal queda vinculado a la convivencia entre nuestras dos lenguas (euskera y castellano), y, en consecuencia, afecta al corazón de la convivencia social. La política lingüística debe hacerse con los pies en el suelo, conscientes de que ésta es una tarea de años, intergeneracional, y en la que hace falta audacia e inteligencia, y hay que desterrar la imposición, para tratar de aunar voluntades plurales. Y creo que la orientación seguida en esta legislatura es la acertada, al huir de sectarismos y de etiquetas políticas en este proceso.
No debe confundirse, desde el victimismo o desde la prepotencia (según se mire), imposición con regulación y elaboración de un elenco normativo. En una sociedad con dos lenguas oficiales, no sólo es posible, sino que es necesario, es estrictamente democrático y respetuoso con la voluntad de la ciudadanía, regular y normativizar el uso de ambas lenguas oficiales en el espacio público, tanto en las administraciones públicas como en espacios en los que existe una relación comercial, mercantil y de consumo.
Vivimos en la era de la simplificación, de la fácil demonización de propuestas, de la «contaminación» previa de iniciativas a partir de un único factor: quién las impulsa. y sin conocer siquiera su contenido. Un ejemplo: el tenor del Decreto sobre los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios fue calificado por el presidente del PP vasco, señor Basagoiti, como fascista... y desde numerosos frentes mediáticos y políticos se han vertido insidias, descalificaciones apresuradas e injustificadas. y todo ello, estoy convencido, sin ser capaces (o simplemente, no interesándoles) de detenerse un momento en la lectura del Decreto y de la política que impulsa.
El desprecio al euskera, la activación de las fuerzas más beligerantes en contra del euskera, el uso arteramente perverso e instrumental de nuestra lengua propia para fines estrictamente políticos les delata. Cabe recordar que el decreto desarrolla la Ley de 2003 que regula el estatuto del Consumidor, y lo hace acotando de forma muy garantista las previsiones genéricas de la ley: el margen de maniobra a la hora de elaborar el Decreto era amplísimo, y su elaboración, fruto de permanentes contactos con el sector comercial, con audiencia pública para conocer y pulsar su opinión, ha dado como resultado una norma prudente y que fija de forma ejemplar la paridad, la igualdad en los derechos del consumidor castellano hablante y del euskaldun. Ni más ni menos. Parece (y esa es la deformación argumental) que cuando protegemos los derechos del castellanohablante estamos simplemente cumpliendo lo que dice la ley, respetando el «orden natural de las cosas»), y cuando hacemos exactamente lo mismo con la otra lengua oficial, con el euskera, estamos imponiendo de forma irracional y fascista una lengua sobre otra. ¿Alguien entiende este desatino?
El Decreto desarrolla, en cumplimiento de la ley, las obligaciones lingüísticas de las empresas, para garantizar la otra cara de la moneda, es decir, los derechos lingüísticos de los consumidores, en ambas lenguas. El binomio «euskera/castellano» va unido de forma permanente en la norma, y persigue que los usuarios o consumidores tengamos derecho a ser atendidos en la lengua oficial (castellano o euskera) en que nos expresemos. Y todas las previsiones de la norma van encaminadas a proteger de forma idéntica ambas lenguas. ¿Cabe entender ahora esas críticas sesgadas, basadas en falacias? ¿Y qué obligaciones lingüísticas fija el Decreto?: que la señalización (carteles, rótulos o impresos) se formulen en euskera y castellano, que la información a facilitar pueda ser transmitida en ambas lenguas, y que para esa información oral (debo repetir, en ambas lenguas) esos establecimientos a los que se aplica la norma «estén en disposición» de atender a los consumidores en una u otra lengua. Toda norma legal debe prever qué sucede si el destinatario de la misma no la cumple. Y los detractores del decreto buscan morbosamente el titular, la carnaza mediática que despierta la sola idea de que pueda haber sanciones por el incumplimiento de esta prudente y razonable norma: lo único que señala es una genérica remisión al procedimiento sancionador de la Ley de 2003, de Consumidores.
¿Qué hay de negativo en tratar de garantizar que el castellano y el euskera puedan ser utilizados como lengua vehicular en nuestra compras o en la utilización de servicios públicos? ¿Dónde está la imposición nacionalista en esta norma? ¿Por qué confunden de nuevo? Perdónenme esta pregunta retórica, que se responde por sí sola... pero tomen nota, por favor, reflexionemos y como consumidores (y miembros de esta sociedad vasca) no nos dejemos engañar con publicidad falsa e insidiosa.
Nunca en su historia el euskera ha tenido tantos hablantes, nunca ha sido utilizado por tanta gente y en tantos ámbitos. Nunca ha tenido el apoyo decidido de la legislación y de los poderes públicos como el que está teniendo en los últimos 25-30 años. Nunca ha tenido tantos recursos a su servicio. Pero el objetivo mayoritario de la sociedad vasca, tanto de vasco-hablantes como de quienes no lo son, no se puede alcanzar sólo con un estatus legal adecuado y con políticas públicas activas. Sin ellos es imposible, pero también es imposible sólo con ellos. Lo decisivo es otro factor: la adhesión de la ciudadanía, la identificación y lealtad de la ciudadanía con el euskera. Los procesos y cambios lingüísticos son procesos muy complejos y largos, y reclaman constancia, paciencia, flexibilidad y capacidad de sumar a favor de políticas siempre activas, nunca de pura inercia o de laissez faire, pero acomodadas a los ritmos de la propia sociedad.
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