La comisión del caso Guggenheim aprueba un informe que censura a los gestores del museo

IÑAKI ESTEBAN| BILBAO.

DV. Las siete horas de debate en la comisión que investiga las irregularidades en el museo Guggenheim concluyeron ayer con la aprobación del borrador presentado por su presidente, el socialista Antonio Rivera. El informe preliminar contó con los votos a favor de todos los grupos -PSE (2), PP (2), EHAK (2), EA (2) y Aralar (1)-, mientras el PNV (2) y EB (1) votaban en contra. El dictamen, que recibió el respaldo mayoritario de los grupos de la Cámara vasca, crítica con dureza la «opacidad y las faltas de control en la gestión financiera» de la pinacoteca y señala de forma reiterada la responsabilidad de su máximo gestor. Para los comisionados, el desfalco de 557.000 euros por parte de Roberto Cearsolo y la pérdida de más de siete millones de euros en la operación de cambio divisas se explica en gran medida por la actitud de Juan Ignacio Vidarte, «que conocía y consentía» la gestión financiera fuera de todo control por parte de su hombre de confianza.

Las representantes de EA apoyaron las conclusiones del documento, pero emitieron un voto particular en el capítulo referido a las responsabilidades atribuibles a los políticos que se han sentado en los consejos de administración de las distintas sociedades relacionadas con el museo (la Fundación, la Sociedad Tenedora y la Sociedad Inmobiliaria).

Mayor control

«No todos los que han pasado han tenido la misma responsabilidad y no se trata de montar una caza de brujas», aclaró un portavoz de EA que rompía así con la postura de sus dos socios en el tripartito, PNV y EB. Desde el PP se subrayó la necesidad de establecer más mecanismos de control.

El documento final y los votos particulares se discutirán en un pleno parlamentario que, por necesidades de calendario, sólo tiene dos fechas -el 12 o el 19 de este mes-, antes de que se disuelva la Cámara por las elecciones de marzo. Si las posiciones no varían respecto a la votación de ayer, el informe, con sus pertinentes modificaciones, saldrá aprobado. El órgano puede pedir «responsabilidades, pero quien las ejecuta es siempre el Gobierno». El contundente borrador achaca al director del museo, Juan Ignacio Vidarte, una «falta de capacidad profesional», de control en la acción de sus subordinados, de tutela de los bienes del museo y de una gestión adecuada.