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JOSE MANUEL BUJANDA ARIZMENDI
Viernes, 10 de octubre 2008, 04:33
«Así como nuestro pueblo necesita encontrar un lugar entre los pueblos así también nuestra lengua tiene que encontrar un lugar entre las lenguas: un lugar suficiente, que asegure su continuidad y desarrollo sin aventuras maximalistas. No debemos caer en el infierno del gueto por huir del purgatorio de la diglosia. La integración nos es tan necesaria en el aspecto lingüístico como en cualquier otro». Koldo Mitxelena.
S abias palabras del lingüista Koldo Mitxelena que siguen manteniendo hoy mismo todo su vigor y potencialidad en cuanto a buen mensaje y mejor consejo. Largo y tortuoso, complicado pero esperanzador, ha sido, y es, el recorrido de la lucha por el euskera.
Habría que remontarse a 1901 y referirnos a Engracio Aranzadi 'Kizkitza' cuando trató de promover relaciones con Galicia y Cataluña buscando agrupar el trabajo en común con ambos pueblos. Veinte años más tarde, con ocasión de la Díada Nacional de Cataluña y dos días antes del golpe de Primo de Rivera, se firmó en Barcelona el Pacto de la Triple Alianza: Egileor, Robles Arangiz y Gallastegi por Euskadi, Francesc Maciá por Cataluña y Somoza y Zamora por Galicia. La Dictadura de Primo de Rivera ahogó este movimiento, pero diez años más tarde, en plena República, el Día Nacional de Galicia, se firmó el que formuló a Galeuzca como un movimiento en la búsqueda de coordinar la acción política de las tres naciones cara al Estado: Castelao, Irujo, Rezola, Carrasco i Formiguera fueron sus protagonistas.
Más de sesenta largos años más tarde, en 1998, se firmó la llamada , y se suscribió el compromiso de trabajar por un Estado español plurinacional, pluricultural y plurilingüe. En dicha las culturas y las lenguas ocupan un amplio campo de sugerencias y reivindicaciones. Se aboga por las competencias plenas y exclusivas en lengua y cultura para las naciones que tengan lenguas y culturas propias, así como el compromiso para conseguir el reconocimiento oficial de las lenguas propias de cada nación en todos los órganos institucionales y políticos del Estado Español. Se propugna velar por la implantación progresiva del uso de las lenguas propias en la administración de la justicia. Velar así mismo por la implementación del uso de los topónimos y antropónimos gallegos, vascos y catalanes en su forma oficial, por parte de todas las instituciones del Estado.
Se proponen iniciativas para la promoción, conocimiento y asimilación social de la diversidad nacional, lingüística y cultural del Estado, haciendo referencia a los medios de comunicación social del propio Estado, a los planes de estudio de todos los niveles educativos, a las agencias, entes, empresas públicas y otros organismos, a la producción y difusión de audiovisuales y nuevas tecnologías de la comunicación, y a las campañas de promoción cultural en el exterior. Así se trataría de impulsar la aplicación objetiva del Estatuto de la Radio y Televisión para conseguir que, de forma efectiva, que los medios públicos de comunicación respondan a los principios de objetividad y respeto al pluralismo, reflejando la diversidad nacional, cultural y lingüística del Estado. Se aboga por una nueva actitud frente a la diversidad de culturas y lenguas, por una plasmación de esta diversidad en los símbolos y en las instituciones y por el reconocimiento de lo plurilingüe del Estado.
Bien, en diciembre de 2005, vio luz un documento con directrices y principales líneas de actuación en materia de política lingüística, () de la Viceconsejería de la Política Lingüística del Gobierno Vasco. Su segundo capítulo, el que trata sobre las principales líneas de actuación, y tomando en consideración la Ley del Euskera y demás disposiciones, así como el trayecto recorrido hasta hoy por el área de política lingüística se propone poner en práctica una serie de líneas de actuación. Entre ellas, la nº 24 apuesta por impulsar el fomento del uso del euskera en la totalidad de su ámbito territorial, encauzando la colaboración con las instituciones y asociaciones de Iparralde y de Navarra. Y la nº 27, apuesta por «fortalecer la relación con los organismos que llevan a cabo políticas de fomento de lenguas minorizadas en España y en el ámbito internacional».
A mediados de marzo del año pasado, los gobiernos de Galicia, Cataluña y Euskadi firmaron un . En dicho protocolo se hacen una serie de consideraciones respecto a los avatares en las relaciones entre Euskadi, Cataluña y Galicia en materia de sus respectivas políticas lingüísticas. Tres gobiernos ciertamente comprometidos con la revitalización y normalización del uso de sus lenguas propias que consideran, desde el máximo respeto a las políticas de cada uno, y a sus especificidades, verdaderamente eficaz y positivo definir y desarrollar un marco de colaboración estable y permanente entre los mismos en materia lingüística. Es evidente que las tres son realidades sociolingüísticas diferentes, pero también que de la colaboración entre los tres gobiernos, y del contraste entre las políticas lingüísticas respectivas, sólo cabe obtener beneficios para los procesos de normalización lingüísticas de cada país. Se trata, en definitiva, de aunar esfuerzos en los respectivos procesos de normalización y para que el Estado fomente su protección.
El 40%, de la ciudadanía del Estado vive en comunidades con lenguas propias, es plurilingüe. Y como tal, el Estado debería hacer converger lo «legal» con lo «real», y actuar en el ámbito de sus propias administraciones, adoptar medidas para la normalización de su uso en las instituciones europeas, cumplir las legislaciones autonómicas vigentes en materia lingüística por parte de sus administraciones periféricas y (atendiendo a su compromiso ratificado en la ) hacer suya su defensa y cumplimiento en todo el Estado.
La normalización del euskera, del gallego y del catalán, no es ninguna lucha absurda contra el castellano, todo lo contrario, lo único que se pretende es fomentarlas desde la profunda convicción de que las lenguas no separan, sino que integran, y que la acción por revitalizarlas constituye un factor positivo de convivencia.
Porque todas las lenguas, son patrimonio de todos los ciudadanos, las conozcan o no y porque nadie debe patrimonializarlas, pero tampoco nadie debe sentirse exonerado de asumir como tarea propia su normalización. Por ello es precisamente necesario que los procesos de normalización lingüística tengan los más amplios consensos transversales políticos y sociales posibles en sus respectivas comunidades autonómicas.
Ojalá que la dirección del Partido Socialista de Euskadi, y por encima (y a pesar) de las próximas elecciones autonómicas vascas (con más o menos expectativas en cuanto a la bondad de sus resultados) esté dispuesto sinceramente, y en la práctica, a compartir estas reflexiones.
Ojalá que sus guiños, y ojalá que la novedad de sus gestos no sean marketing electoral puro y duro. Ojalá no sea una pura táctica coyuntural. Ojalá sea un giro estructural.
Vivir para ver. Ciertamente, «obras son amores y no la proximidad de las elecciones».
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