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FÉLIX MORQUECHO
Sábado, 27 de septiembre 2008, 05:16
Eibar. DV. Las concejalas de la coalición EB-Aralar en el Ayuntamiento de Eibar presentaron ayer el recurso interpuesto en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo el día 18, con lo que se reafirman en que «la vía jurídica no está agotada». Este recurso se dirige al convenio de concertación para el desarrollo del ámbito de Errebal. Sin embargo, tanto Eli Gómez (EB) como Asun Gartzia (Aralar) señalaron su intención de formalizar otro recurso contencioso administrativo contra el proyecto de reparcelación, en caso de que la alegación realizada a este respecto sea desestimada.
Las críticas de la coalición se centran en las diferencias entre el proyecto y las condiciones que marca el Plan General de Ordenación Urbana. En concreto señalaron que «queremos remarcar que no estamos en contra del centro comercial» a lo que añadieron que «estamos totalmente en contra de que dicho centro tenga el 40% más de volumen que lo establecido en el Plan General en beneficio de la empresa adjudicataria y en detrimento de espacios públicos».
Aumento de volumen
Sobre la volumetría del proyecto, Gómez y Gartzia señalan el aumento del aprovechamiento que pasaría de los 10.230 metros cuadrados que indica el Plan General a 14.168 metros cuadrados. «Llegados a este punto, sería necesario que se replantearan el proyecto. Es lo que plantea la plataforma Errebal» indicaron las concejalas que señalan el contraste entre las indicaciones del Plan General y las del estudio de detalle para este proyecto.
En caso de que el recurso interpuesto sea favorable, más de 300 metros cuadrados pasarían a propiedad municipal. «El Ayuntamiento podría escriturarlos a su nombre y sacarlo a concurso público si quiere venderlo, o dedicarlo a otros usos». Si bien reconocen que en el recurso presentado hay un margen a la interpretación de la ley, no lo ven así en caso de que finalmente interpongan un recurso contra el proyecto de reparcelación del ámbito de Errebal. «Se reduce a ver que el estudio de detalle no se ajusta a lo que indica el Plan General».
En este aspecto las ediles señalan irregularidades en este proceso como la aprobación del proyecto urbanístico sin la previa aprobación del proyecto de reparcelación. Sobre su actuación añaden que «para llegar al punto de meternos en un recurso contencioso administrativo, tenemos argumentos sólidos».
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