Garzón pide datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo

El juez de la Audiencia Nacional solicita la información para ver si es competente para enjuiciar al régimen franquista. Se estima que son 30.000 los restos mortales nunca encontrados

LUIS FIERRO| MADRID.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón reclamó al Archivo General de la Administración y al Centro Documental de la Memoria Histórica cuanta información atesoren que permita cuantificar el número de desaparecidos que hubo en España desde el 18 de julio de 1936 y durante la dictadura del general Francisco Franco, para decidir si es competente para enjuiciar al régimen franquista.

En tanto se resuelve ese extremo, el magistrado ha solicitado con carácter general a todos los particulares y administraciones implicados información sobre las exhumaciones de restos en marcha, ya que su intención es que sean controladas por su juzgado si asume la investigación.

Una decena de asociaciones de familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil o en los primeros años del franquismo han presentado en los últimos meses diversas denuncias que Garzón investiga en un único sumario. Su primera iniciativa fue reclamar en junio datos sobre el fenómeno a los Ministerios del Interior y de Defensa, cuyas respuestas no aportaron luz. Por eso resolvió ayer ampliar sus pesquisas a los principales centros documentales de titularidad estatal.

Al Archivo General le pide un informe cuasi pericial sobre el número de desapariciones «consecuencia directa del alzamiento nacional». Algunos estudios concluyen que entre 1936 y 1945 el número de represaliados del franquismo cuyos restos mortales nunca se encontraron supera los 30.000, pero no existe un dato preciso.

Al Centro de la Memoria Histórica, el juez le solicita los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, si los tiene, así como la base de datos de muertos y desaparecidos que elabora. También reclama a Defensa los archivos de los tribunales militares que participaron en la represión franquista, y a la Dirección General de los Registros y del Notariado, cuanta información haya sobre ese asunto en los registros civiles.

Al no ser la Conferencia Episcopal un organismo de titularidad estatal, el juez no le pide, sino que le ordena comunicar a las parroquias españolas, casi 23.000, «que deberán permitir el acceso de la Policía Judicial» a sus archivos, ya que «una de las fuentes de información que interesa a esta causa es la de los libros de difuntos» de las feligresías de la iglesia católica.

La resolución dictada ayer por Garzón resuelve numerosas peticiones de las distintas asociaciones personadas en la causa. A instancias de una asociación de presos del franquismo, el magistrado reclama a la congregación benedictina que atiende el Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional de San Lorenzo del Escorial, responsable último del recinto, la identidad de las personas allí enterradas, su procedencia y el motivo de estar allí sepultados sin que, en muchos casos, sus allegados tengan noticia de ello. También reclama información sobre el contenido de fosas comunes descubiertas en los cementerios de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla). COLPISA