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J.A. GONZÁLEZ CARRERA
Sábado, 19 de abril 2008, 10:40
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BILBAO. DV. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas seguía a día de ayer sin recibir la documentación requerida el pasado 2 de abril al Guggenheim Bilbao, y que en los días inmediatos destapó el desfalco de casi 500.000 euros cometido de 1998 a 2005 por el que ha sido su director financiero desde el nacimiento del proyecto, Roberto Cearsolo.
El propio director del museo, Juan Ignacio Vidarte, anunciaba el miércoles que había despedido y presentado denuncia contra su hasta ahora estrecho colaborador por apropiarse en los últimos diez años de unos 486.000 euros de los fondos de la llamada sociedad Tenedora, encargada de las compras de arte para el museo; el juez determinará ahora el tipo de delito en el que ha incurrido Cearsolo, que ya se ha autoinculpado y ha devuelto una parte importante de lo desviado, además de las medidas a tomar.
El Tribunal auditor pedía precisamente información sobre las cuentas corrientes, inversiones, compras de divisas y sobre todas las operaciones bancarias relativas a la citada empresa instrumental, en cuya actividad el Gobierno Vasco y la Diputación de Vizcaya han invertido 90 millones hasta 2007, y continúan invirtiendo a razón de 6 millones anuales, pese a los «problemas de control» advertidos de antiguo en su gestión por el propio órgano fiscalizador.
El reproche del tribunal a la dirección del Guggenheim figura en el comunicado que difundió ayer tras celebrarse un pleno extraordinario, concovatoria inédita en la historia de esta institución, que pretendía aclarar todas las actuaciones de sus auditores sobre la gestión del museo y que habían podido quedar en entredicho al destaparse el escándalo. Su reacción, comentaron en medios del propio órgano, tendría que ver con la explicación de Vidarte en la que apuntaba que ni el propio Tribunal había detectado el desfalco. Esta reflexión sería cierta en el balance de 1998, cuando la Inmobiliaria y la Tenedora dejan de someterse a auditorías externas, y el mismo año en que Cearsolo empieza a meter la mano al cajón despistando unos 160.000 euros. En el periodo 1999-2005, el trabajo de la entidad fiscalizador se volcó en revisar las compras realizadas esos años por el museo más que inspeccionar las cuentas, de acuerdo al mandato recibido por el Parlamento.
En el pleno extraordinario de ayer se acordó también solicitar la comparecencia del presidente del Tribunal ante el Parlamento Vasco para aclarar las cosas.
Una firma para todo
En su informe 1999-2005 los auditores ya censuraban a la fundación Guggenheim que realizara las disposiciones de fondos de tres entidades bancarias con una sola firma, recomendándole que lo hiciera con dos para mayor seguridad. Precisamente, una de las acusaciones contra Cearsolo tiene que ver con que ha podido suplantar la «firma autorizada» para cometer el desfalco.
Es a raíz de ese informe, en el que el Tribunal recomienda que la Tenedora se someta a auditorías anuales para evitar el descontrol, cuando se descubre la ruinosa operación de compra de divisas en la que se pierden más de seis millones de euros de 2002 a 2005, debido a una errónea operación con el BBVA. Sin embargo, todavía hoy se desconoce el tipo de contrato con el banco, pese al escándalo desatado por la existencia de unas pérdidas que, según medios jurídicos, la Tenedora nunca debió tener.
El Tribunal de Cuentas, por un nuevo mandato del Parlamento adoptado a iniciativa del PSE, debe ahora fiscalizar y analizar la legalidad de esa operación y acabar así con la histórica resistencia de la Tenedora a dejarse controlar en su gestión. El auditor también se pregunta sobre lo que ha hecho con los excedentes financieros y que han reportado unos ingresos que rondan los dos millones de euros. El consejo de la Tenedora ha estado copado siempre por cargos públicos del PNV y bajo la presidencia del titular en la consejería de Cultura de cada momento.
Minimizar el control
Miren Azkarate, responsable de Cultura desde 2001, ha decidido comparecer el día 23 en comisión parlamentaria junto con el director del Guggenheim y responsable ejecutivo de la Tenedora, Juan Ignacio Vidarte, para hablar del desfalco. Ambos tienen otra cita en la misma sede el 7 de mayo para explicar los resultados de la primera auditoría externa a la que se somete a la empresa desde 1997.
«Todo lo que ocurre -se comentaba ayer en medios jurídicos de toda solvencia- es consecuencia de un entramado diseñado expresamente para minimizar el control sobre las sociedades del Guggenheim».
El propio Tribunal de Cuentas certificaba ayer cómo ya en su primer informe, emitido en 2001, planteó «diversos problemas de control económico-financiero en la Inmobiliaria (promotora y propietaria del edificio del museo) y la Tenedora».
Éstas son, al parecer, las dos únicas empresas de carácter privado con participación significativa del Gobierno Vasco que no han sometido sus cuentas a auditorías externas en su historia reciente.
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