El Gobierno Vasco dice que no puede aplicar dos condenas por profanar la tumba de Ordóñez

Azkarate explica que es la Audiencia Nacional quien tiene la competencia para ejecutar la condena a los menoresLa Cámara homenajea hoy al dirigente del PP asesinado

VITORIA.DV. La portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, aseguró ayer que el Departamento de Justicia carece de «instrumentos legales» para poder ejecutar la pena impuesta por el Juzgado central de menores de la Audiencia Nacional a dos jóvenes condenados por profanar en San Sebastián la tumba de Gregorio Ordóñez, dirigente y concejal donostiarra del PP asesinado por ETA en 1995, al que hoy homenajeará el Parlamento vasco. Azkarate censuró que el Ministerio de Justicia aún no ha dado una respuesta definitiva a su propuesta de formalizar un convenio que permita la aplicación de la condena.

En respuesta a una pregunta del PP formulada en el pleno de la Cámara autonómica, Azkarate subrayó que la actual normativa atribuye a la Audiencia Nacional la competencia de juzgar los casos que afectan a menores cuando los hechos estén vinculados con posibles delitos relacionados con el terrorismo. En este caso, los menores que causaron desperfectos en la tumba de Ordóñez fueron condenados por la justicia a limpiar pintadas de kale borroka o de enaltecimiento a ETA de las calles del País Vasco.

Según explicó Azkarate, el Gobierno Vasco ha expresado en dos ocasiones al Ejecutivo central su voluntad de suscribir un convenio que le permita la ejecución de este tipo de condenas, algo que no esta contemplado en la legislación actual. La portavoz del tripartito aseguró que incluso han remitido al propio Ministerio de Justicia un borrador del acuerdo.

Azkarate lamentó que el Gobierno Vasco aún no haya recibido una respuesta concluyente a su propuesta, ya que la última comunicación del Ministerio indicaba que el asunto se estaba «estudiando». «La voluntad del Departamento de Justicia es clara, lo que hicieron estos menores es absolutamente reprochable y las medidas de la sentencia son perfectamente compartidas, pero necesitamos los instrumentos legales», aseguró.

Por contra, el portavoz parlamentario del PP, Leopoldo Barreda, expresó su deseo de que las dificultades para la ejecución de la condena sean superadas para que las penas impuestas por este asunto «no queden en papel mojado».

Cierre de sedes

Por otra parte, y en respuesta a otra pregunta del PP, el consejero de Interior, Javier Balza, aseguró que su departamento «no tiene pendiente ninguna orden de cierre de sedes» de ANV o EHAK. Según explicó, la adopción de este tipo de medidas requiere de un mandato judicial expreso y concreto, que especifique qué local debe clausurarse.