El pacto que deslegitimó a ETA

Los partidos nacionalistas y no nacionalistas lograron firmar en 1988 un histórico acuerdo que movilizó a la sociedad vasca contra el terrorismo

LOURDES PÉREZ
El pacto que deslegitimó a ETA

SAN SEBASTIÁN. DV. A las seis de la tarde del 12 de enero de 1988, un gris y anodino martes del invierno vasco, el lehendakari José Antonio Ardanza y dirigentes de todos los partidos con representación en el Parlamento de Vitoria salvo la autoexcluida Herri Batasuna rubricaron con su firma, ante un enjambre de grabadoras y micrófonos, el Acuerdo por la Paz y la Normalización de Euskal Herria. Acababa de alumbrarse el primer y único gran pacto que ha aunado de manera duradera al conjunto de las fuerzas democráticas no sólo en la lucha contra el terrorismo, sino también en el compromiso de asumir el proceso hacia el final de la violencia como una responsabilidad inherente a las instituciones de autogobierno, hace dos décadas aún embrionarias y titubeantes.

El documento, redactado con la suficiente pericia como para constituirse en el acta fundacional de la deslegitimación del terror, pero ofreciendo al tiempo una mano tendida para la plena incorporación del universo abertzale a la normalidad política y social si ETA renunciaba a las armas, interiorizaba la desolación provocada por los atentados y las extorsiones como una tragedia esencialmente vasca. Como un drama capital motivado por aquellos que, perteneciendo al mismo pueblo, a la misma sociedad que sus conciudadanos, seguían asesinando en su nombre dentro y fuera de la comunidad autónoma trece años después del fin de la dictadura.

La obcecación homicida de la organización ha sobrevivido a la continuidad efectiva del pacto, que entró en vía muerta, aunque nadie certificara oficialmente su defunción, el 17 de marzo de 1998, con el PNV y EA embarcados ya en la estrategia que derivaría en la acumulación de fuerzas nacionalistas en Lizarra y ante la cerrada negativa del PP a aceptar el postrero plan Ardanza como nueva guía para la pacificación. Pero la suspensión formal de la alianza labrada hace ahora 20 años -«irrepetible», según uno de los participantes en su gestación- no obvia el valor de su legado, algunos de cuyos fundamentos mantienen plena vigencia por la propia pervivencia de ETA, la división de los partidos y su incapacidad para acomodarse a un terreno de juego necesariamente compartido.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero también el PNV de Josu Jon Imaz, recuperaron el espíritu del pacto y la literalidad de su punto 10 -el que habilita el diálogo con los terroristas siempre que éstos dejen de matar- para promover la declaración del Congreso de mayo de 2005 por la que todo el arco parlamentario, excepto el PP, amparó la apertura de contactos con ETA si mediaba una tregua. Pero es la propia perpetuación de la organización terrorista y de la complicidad de su entorno político y sociológico, unida a la tentación más o menos explícita de utilizar su final como palanca para el propio beneficio partidario, la que ha ido mermando la potencial eficacia de la propuesta -la salida dialogada más controvertida y ensayada del Acuerdo de Ajuria Enea-. Al tiempo que ha ido asentando en la sociedad sus principios seguramente más imperecederos: la distinción neta entre demócratas y violentos y la defensa del marco institucional construido al margen, y a pesar del insoportable ruido de las armas.

«El combate contra el terrorismo es, por encima de todo, el combate de la razón frente a la sinrazón, de la vida frente a la muerte, de la libertad frente a la imposición», dejaron escrito aquel 12 de enero sus firmantes en el preámbulo del Pacto. Los siete habían permanecido 54 horas encerrados en el palacio presidencial, envueltos en el humo del tabaco, los nervios y la esgrima dialéctica para tratar de cerrar un consenso laboriosamente trabajado en citas públicas, discretas y secretas durante los tres meses anteriores.

Los tempraneros debates de trabajo entre el jefe del Gobierno y sus interlocutores -Xabier Arzalluz (PNV), Txiki Benegas (PSE), Kepa Aulestia (EE), Inaxio Oliveri (EA), el desaparecido Julen Guimón (AP) y Alfredo Marco Tabar (CDS)- derivaban en una acalorada y en muchas ocasiones frustrante negociación que se encauzaba por la tarde, tras compartir mesa y mantel. En aquellas largas horas, Arzalluz y Benegas, entonces socios del casi recién estrenado primer gobierno de coalición, discutieron profusamente al calor de la simpatía que siempre se han profesado. Por momentos resultó decisiva la coincidencia de Euskadiko Ezkerra, que conservaba su ascendiente en el mundo del abertzalismo de izquierdas, con las tesis del lehendakari.

EA renunció a transformar su ultimátum de la última madrugada en una exclusión definitiva del acuerdo. Y la AP de Guimón sorteó con una llamada telefónica que nunca llegó a ser atendida el riesgo de que sus compañeros en Navarra reventaran la unanimidad. Exhaustos tras haber rubricado el documento ante la Prensa, los siete volvieron a recluirse esta vez en la 'gela beltza' -la 'sala negra' por su tenebrosa y tan poco apropiada decoración- donde Ardanza había celebrado buena parte de las reuniones bilaterales que fueron hilvanando la alianza. En ellas también se había dado cita a una HB que nunca mostró interés alguno en asumir la oposición a la violencia que vertebraba el texto y que interpretó su refrendo definitivo como una auténtica «declaración de guerra». Allí, en la soledad de aquel despacho palaciego, todos los firmantes brindaron con emoción y se permitieron un punto de euforia a sabiendas de que el contexto general apenas invitaba al optimismo.

'Ruido de sables'

El País Vasco de aquellos días de enero era una sociedad deprimida por una crisis económica galopante, con índices de paro del 22% y la traumática necesidad de afrontar una reconversión industrial inexorable. Era también un país lastrado por la inestabilidad política que persistía en el conjunto del Estado tras el 'ruido de sables' de la Transición, en el que empezaban a aflorar la investigación judicial sobre los crímenes perpetrados por los GAL, y en el que la inédita ruptura interna en el seno del PNV desató una inesperada tormenta institucional que desembocó en el adelanto de las elecciones autonómicas en 1986.

Por primera y única vez en unos comicios vascos, los socialistas se impusieron al PNV en número de escaños. Pero las negociaciones entabladas para conformar un Ejecutivo de centroizquierda PSE-EE-EA fracasaron, frustrando con ello un cambio en el color de Ajuria Enea que sólo volvió a despertar unas expectativas similares con la entente Nicolás Redondo-Jaime Mayor Oreja en la cita con las urnas de 2001, bajo el paraguas del Pacto Antiterrorista. En una fecha tan simbólica como el 23-F de 1987, Arzalluz y Benegas ratificaron una coalición de gobierno que reunía a nacionalistas y no nacionalistas en la gestión del desarrollo estatutario a través de un acuerdo que, con resultar relevante, aparcaba la determinación de un proyecto de respuesta conjunta frente al terrorismo etarra.

El día en que Ardanza fue investido lehendakari, el candidato alternativo presentado por HB -el preso de ETA Juan Carlos Yoldi- inició su intervención denunciando los malos modos con los que supuestamente se le había trasladado desde la cárcel al hemiciclo y la finalizó con un sonoro 'Gora Euskadi Askatuta'.

Pero ante todo y sobre todo, los meses previos a la firma del Pacto de Ajuria Enea constituyeron una brutal expresión de la crueldad de los terroristas, cuya violencia no sólo no recibía contestación en las calles, sino que gozaba de la impunidad que le conferían los entonces 200.000 votos de HB y el silencio indiferente, desconsiderado o temeroso del resto de la ciudadanía. Eran los tiempos en los que las víctimas sumaban a su íntimo sufrimiento la justificación falaz e ignominiosa del «Algo habrá hecho» escrita en negro en cualquier pared.

ETA asesinó a 52 personas a lo largo de 1987, pero segó la vida de 32 de ellas y las esperanzas de todos sus familiares tan sólo con dos atentados: las masacres perpetradas en los almacenes de Hipercor en Barcelona el 19 de junio y en la casa cuartel de Zaragoza apenas seis meses después, el 11 de diciembre. Dos matanzas cometidas por ciudadanos vascos, en nombre de todos, fuera de los límites de Euskadi. Fue demasiado incluso para los militantes de la izquierda radical más desafectos hacia la persistencia del terror, aunque los puntuales desmarques públicos y los alejamientos privados y silenciosos no supusieron un revulsivo lo suficientemente poderoso como para encaminar a HB hacia la independencia política de los postulados etarras.

El inmenso dolor de los ciudadanos por el coche bomba colocado en el supermercado catalán, conmocionó a los dirigentes de las fuerzas democráticas y provocó una profunda preocupación en el Gobierno de Felipe González, sometido aún a las presiones subterráneas que ejercían los viejos poderes fácticos.

González llama a Ardanza

Un día de aquel verano en el que la sociedad volvió a enlutarse por el asesinato de dos guardias civiles y de dos policías nacionales, González telefoneó a Ardanza para requerir la colaboración comprometida de las instituciones vascas en la lucha antiterrorista. El atentado precipitó los contactos preliminares tendentes a alumbrar un consenso inédito frente a ETA, que prepararon el terreno para que el lehendakari propusiera formalmente, en el pleno de Política General del 26 de septiembre de ese año, la apertura de un diálogo multipartito para encarar de manera compartida el problema de la violencia y la normalización.

La decisión de hacer frente desde el autogobierno vasco al destrozo colectivo que estaba provocando la sucesión de asesinatos, secuestros y amenazas comenzó a perfilarse en esos meses como el imprescindible envés del pacto interno que había permitido aprobar, ocho años antes, el Estatuto de Gernika. Se reprodujeron las reuniones a varias bandas, en los despachos de Ajuria Enea y en otros alejados del bullicio político y mediático; se fueron estrechando complicidades y se aparcaron cautamente aquellas cuestiones -la evaluación crítica del desarrollo estatutario, la situación en Navarra- que podían paralizar el ritmo de las conversaciones. El espanto ante el asesinato de once personas -entre ellas, cinco niños- en el acuartelamiento de Zaragoza terminó por acelerar la convocatoria del plenario que finalizó en acuerdo hace ahora dos décadas.

Todos los firmantes, en mayor o menor medida, tuvieron que superar en aquellas 54 horas los recelos, las reticencias y las cortapisas al consenso presentes en sus propias filas. Apenas tres días antes, Arzalluz había reafirmado su autoridad al frente de un PNV sacudido por las consecuencias de la escisión con un discurso en el Teatro Arriaga que no sólo amparaba el mensaje institucional de Ardanza -que había negado la convergencia con ETA ni en los medios ni en los fines-; también arropaba su propia determinación para que el pacto prosperara.

Aquel Arzalluz, el mismo que avalaría al cabo de una década el Acuerdo de Lizarra junto a Arnaldo Otegi, apostó por el nacionalismo de la persuasión y dejó dicho para las hemerotecas que «Euskadi es de todos los vascos», no sólo la patria de los abertzales. La alianza sellada justo después fracasó en su intento de atraer a la izquierda abertzale a la política sin la tutela de las armas, un objetivo que tampoco ha alcanzado ninguna tentativa posterior y que revela la incapacidad del independentismo radical para sacudirse el fanatismo marginador del terrorismo.

Pero catorce meses después de la firma de Ajuria Enea, la deslegitimación de la violencia consagrada en el pacto y la defensa del autogobierno como la plena representación de la voluntad popular congregaron a 200.000 manifestantes en las calles Bilbao, tras una hermosa pancarta elaborada por Eduardo Chillida que reclamaba «Paz ahora y para siempre».