Olano asegura que su decreto permitirá a las empresas tributar al 28% con «certeza jurídica»

Señala que el decreto aprobado ayer por el PNV ante la oposición del resto de grupos es una medida provisional que evita «el peor escenario posible, la desarmonización» Cree que la urgencia de la medida le daría la razón en los tribunales

DAVID TABERNA DTABERNA@DIARIOVASCO.COM
Markel Olano explica la aprobación del decreto tras el Consejo extraordinario de ayer. [J.M. LÓPEZ]/
Markel Olano explica la aprobación del decreto tras el Consejo extraordinario de ayer. [J.M. LÓPEZ]

SAN SEBASTIÁN. DV. Han pasado 363 días y ha tenido que ser por decreto. Ante la imposibilida de lograr una mayoría cualificada en las Juntas Generales, el PNV logró ayer lo que lleva intentando hacer desde hace ya muchos meses: aprobar en 2007 en Gipuzkoa una reforma del Impuesto de Sociedades armonizada con Álava y Vizcaya, con una rebaja del tipo general del 32,6% al 28%, y del 30% al 24% para las pymes. «La desarmonización era el peor de los escenarios. No había alternativa», explicaba ayer el diputado general, Markel Olano. Sin embargo, el decreto promete dar guerra. El PSE ya ha avanzado que acudirá a la Justicia para que se anulen de pleno derecho los efectos del decreto. EA, socio del PNV en el Ejecutivo foral, avala la iniciativa socialista. «El decreto otorga una certeza jurídica definitiva a las empresas en Gipuzkoa», respondía ayer Olano. Si al final los tribunales no le dan la razón, las empresas de Gipuzkoa volverán a tributar en 2007 al 32,6%.

No fue un día cómodo para Markel Olano. La primera norma de relevancia que iba a aprobar su gobierno llegaba por decreto-norma y con el voto en contra de sus socios de Gobierno. Fue un Consejo de Gobierno extraordinario de caras largas y voces apagadas, pero sin sobresaltos. Los cuatro diputados de EA votaban en contra. Los seis del PNV a favor. ¿Resultado? La reforma del Impuesto de Sociedades de Gipuzkoa será publicada mañana en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

Como consecuencia de ello, las empresas guipuzcoanas podrán en 2007 liquidar sus beneficios como sus vecinas alavesas y vizcaínas. Según el diputado general, el decreto es un «instrumento válido» para «evitar una situación de desarmonización. Se trata de un punto de partida para buscar una salida negociada, provisional, con vocación de ser convalidada por las Juntas Generales de Gipuzkoa y un instrumento para evitar que el desencuentro político suponga que Gipuzkoa esté en una situación de desventaja respecto de otros territorios».

Ese desencuentro político nace en primera instancia desde de las mismas entrañas del Gobierno foral. La imagen más clara se vió ayer. Resulta sorprendente que el diputado general presente su decreto, y una hora después se siente en la misma mesa Iñaki Galdos y el diputado de Hacienda, Pello Gonzalez (EA), criticando la medida y asegurando que va a utilizar todos los mecanismos jurídicos que estén en su mano para impedirlo. «No hay crisis de gobierno, sólo un desacuerdo puntual», se limitan a decir ambos partidos.

Próximos obstáculos

Lo que parece claro es que el culebrón del Impuesto de Sociedades no ha acabado. Ni mucho menos. El decreto tendrá que sortear en las próximos meses dos obstáculos de gran envergadura. El primero de ellos llegará en apenas treinta días. El tiempo que establece el reglamento para que las Juntas sometan a votación la convalidación del decreto. No habrá sorpresas. El PNV se volverá a quedar sólo en su defensa. Pese a ello, el rechazo de las Juntas sólo tiene un efecto de desgaste político, pero no práctico, y eso Olano lo sabe. «Si las Juntas votan en contra del decreto se producirá una derogación pero no una revocación, que anularía los efectos del decreto». Aún así, Olano multiplicará sus esfuerzos para contar con el apoyo de EA. Será en balde. La formación de Galdos considera un «despropósito formal y jurídico» la vía del decreto.

Junto a ello, resultaría sumamente sorprendente que EA apoyara un decreto que Olano anunció minutos después de votar en contra del proyecto foral que pactó con Pello Gonzalez.

Si el primer obstáculo parece sorteable, el segundo se antoja complicado y, sobre todo, mucho más polémico. La jurisprudencia avisa: el propio Tribunal Constitucional, en un auto de octubre de 1997, consideró ilegal regular por decreto los tipos de gravamen de un impuesto. Pero hay sentencias mucho más frescas. El Tribunal Superior anuló hace dos semanas un decreto fiscal de la Diputación de Álava que regulaba el tipo de gravamen del IBI. Olano, en cambio, no duda de la seguridad jurídica del decreto. «Estamos convencidos. Ha habido precedentes en el ámbito judicial que avalan nuestra tesis. El punto clave en este tema es la urgencia del decreto y en este caso está plenamente justificada». Si al final un pronunciamiento judicial declarara ilegal el decreto, las empresas guipuzcoanas se verían obligadas a liquidar sus beneficios de 2007 al 32,6%, una hipótesis que ayer EA ya dejaba caer.

Reforma integral

Mientras los partidos toman posiciones en este asunto, Olano incide en el carácter «provisional» del decreto y en la necesidad de llegar a acuerdos con EA de cara al futuro. Olano admite que el acuerdo con la formación de Galdos se tiene que desarrollar sobre la base de «una reforma integral del Impuesto sobre Sociedades, que tenga en cuenta las diversas posiciones existentes sobre esta materia en nuestra comunidad». A juicio de diputado general, la norma vigente en el resto de los territorios históricos «debe ser replanteada, para obtener los consensos suficientes en cada uno de los mismos».

En las últimas semanas Olano ha mantenido diferentes contactos con EA para llegar a un acuerdo base sobre una reforma integral que englobe a toda la CAV. Ese acuerdo de mínimos pivotaría en torno a un tipo general del 29%, acompañado de la amplia batería de deducciones en innovación que propone EA. El partido de Galdos reclama, además, que ese compromiso debe llevar la firma de los tres diputados generales y del presidente del PNV, Iñigo Urkullu. Por el momento, no ha habido respuesta, y tardará en llegar. EA ha preferido dejar el acuerdo al margen para no trasladar una imagen de apoyo al decreto.

Las negociaciones continuarán en 2008, y prometen ser difíciles. La composición de las Juntas Generales de los tres territorios no permite hacer malabarismos, ya que el PNV no cuenta con mayorías cualificadas. Ante ese escenario, buscar un acuerdo que tenga indicios de aprobarse en Juntas se antoja complicado. «Ahora se ha aprobado el decreto, pero este culebrón va a seguir en 2008», señalan fuentes cercanas a la Diputación.

Por el momento, Olano hizo ayer un llamamiento a las fuerzas políticas para cerrar «este debate que está dañando seriamente la imagen y credibilidad institucional en materia de gestión tributaria. Si algún grupo político quiere que cambie el diputado general, que ponga en marcha una moción de censura y busque los apoyos necesarios para ello», concluyó.

El parlamentario del PNV José Antonio Rubalkaba defendió ayer la decisión de Markel Olano de establecer vía decreto un tipo del 28% para el Impuesto de Sociedades. En declaraciones a Radio Euskadi, Rubalkabadijo que el problema tiene su origen en que EA no asume por «intereses partidistas» el acuerdo del pasado mes de enero entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones en el seno del Organo de Coordinación Tributaria para fijar un tipo del 28%, y se ha opuesto tajantemente a la propuesta de EA de aplicar la Ley de Armonización Fiscal para que el Parlamento Vasco iguale los tipos.

«Lo que es un error es que el Parlamento Vasco intervenga para forzar una armonización fiscal en primer lugar porque las Diputaciones y las Juntas Generales tienen sus competencias y hay que respetarlas. No se puede obviar que las Diputaciones de Álava y Vizcaya han establecido dentro de sus competencias y por amplia mayoría que el tipo es el 28%».

En opinión de Rubalkaba, «no sucedería nada si hay distintos tipos en los territorios históricos y en tal caso no sé por qué tiene que intervenir el Parlamento Vasco para que estemos todos igualitos. Tengo mis dudas de que, a pesar de la ley, el Parlamento Vasco tenga competencias para armonizar un tipo cuyo establecimiento son competencia de las Juntas Generales y las Diputaciones».