El Gobierno Vasco critica la sentencia del sumario 18/98 y acusa a la Audiencia Nacional de «encarcelar ideas»

El Gobierno Vasco ha criticado duramente la sentencia ligada al sumario 18/98 al entender que instaura el "delito de opinión" y establece condenas de prisión para personas por el simple hecho de pensar de una determinada manera. El tripartito considera que la decisión de la Audiencia Nacional de meter en la cárcel a medio centenar de procesados supone "encarcelar ideas".

VITORIA |VASCO PRESS

Para el Ejecutivo de Vitoria la sentencia tiene un carácter "político", fija condenas importantes sin "suficientes elementos de prueba" y vulnera claramente la presunción de inocencia de los encausados. Unas circunstancias, ha argumentado, que hace que el respeto de los derechos humanos y las libertades queden en estos momentos "al albur de intereses partidistas ajenos al servicio público que es la Administración de Justicia".

El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, ha ejercido de portavoz del tripartito para analizar y fijar posición sobre la sentencia, y ha dado lectura a una declaración oficial que comienza afirmando "la convicción moral de que a través del encarcelamiento de buena parte de los condenados por la Audiencia Nacional se están encarcelando ideas. Eso es delito de opinión".

Azkarraga ha dicho que la resolución "hiere a la democracia" y abre "un sumidero de garantías" porque, a su juicio, "retuerce" las leyes penales, priva injustamente a decenas de ciudadanos de su libertad e ignora la exigencia de aportar suficientes elementos de prueba para destruir la presunción de inocencia. "Todo esto sin contraste, sólo sobre la base de informes policiales que luego, además, no aparecían en el juicio".

"También, con grave limitación del derecho la defensa, con una actuación nerviosa e incluso a veces lesiva de la dignidad de los letrados o de los imputados. Todos hemos sido testigos de las irregularidades de un juicio sin control documental sobre la base de una instrucción fuera totalmente de los usos jurídicos", ha añadido.

Presión política

La declaración censura también "la clamorosa falta de rigor jurídico" de una sentencia que, en opinión del tripartito, "destila valoraciones políticas. El mismo impulso que puso en marcha el sumario hace casi diez años se ha impuesto para resolver su primer desenlace: es una lectura decir que ETA puede colonizar a organismos ajenos que no sabían que eran parte de ETA hasta que son detenidos y condenados".

El Gobierno Vasco no tiene duda de que la sentencia es consecuencia de "una clara presión política" y se pregunta "hasta dónde se está dispuesto a llegar".

El consejero ha sostenido más adelante que la resolución de la Audiencia Nacional "prescinde del respeto de los derechos fundamentales" y ha subrayado que lo sucedido hace que estos derechos estén "al albur de intereses partidistas ajenos al servicio público que es la Administración de Justicia. El derecho a un juicio justo y con todas las garantías se ha puesto en entredicho durante esta prolongada vista oral".

"Llama la atención que instancias habitualmente sensibles a cualquier vulneración de derechos fundamentales hayan permanecido impasibles ante lo sucedido", ha agregado.

"Limpiar la mirada"

Para Azkarraga resulta lógico que haya sectores indignados por esta circunstancia porque, según ha dicho, la solidaridad que algunos reclaman ante los atropellos de los que se sienten objeto "debe también ejercitarse por su parte para todas aquellas personas que son igualmente víctimas de la vulneración de sus derechos".

La declaración finaliza con la esperanza de que los tribunales encargados de revisar el caso "limpien su mirada de cualquier atadura ajena a su función" y examinen con profesionalidad e imparcialidad las acusaciones. "Y eso debe ser así para que interpretaciones expansivas no fuercen el arco penal hasta un extremo en que el derecho se pueda convertir en herramienta de persecución contra ciudadanos incómodos o disidentes".

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